El gobernador de la provincia argentina de Salta, Gustavo Sáenz, defendió la instalación de un alambrado perimetral de 200 metros en Aguas Blancas, frontera con la ciudad boliviana de Bermejo, argumentando que la medida responde a políticas nacionales y provinciales para combatir el narcotráfico, el contrabando y otros delitos. Sáenz descartó brindar explicaciones a Bolivia sobre la decisión.
“Sobre el tema no tenemos que dar explicaciones (a Bolivia). Creo que llevó la cuestión más allá. Son 740 km de frontera y este alambrado son 2 cuadras y media y dentro de nuestra casa”, declaró el gobernador, según un comunicado de prensa.
La instalación de la valla ha generado tensión diplomática. La Cancillería boliviana emitió un comunicado el pasado fin de semana, señalando que “cualquier medida unilateral puede afectar la buena vecindad y la convivencia pacífica entre pueblos hermanos”.
Sin embargo, Sáenz justificó la medida al señalar que es parte de un esfuerzo conjunto y sin precedentes para fortalecer la seguridad en la frontera. “Es la primera vez en la historia que se está trabajando seriamente y en conjunto para combatir el narcotráfico”, asegura.
El gobernador destacó que la instalación del alambrado busca generar condiciones para una migración “más ordenada” y reforzar la cooperación interinstitucional con el gobierno argentino en estrategias de vigilancia. “Con estas decisiones no sólo estamos cuidando a los salteños, sino a todos los argentinos. Es necesario seguir trabajando de manera conjunta con el gobierno nacional para lograr los objetivos propuestos”, afirmó.
El alambrado, que abarca un tramo de 200 metros en una de las zonas de mayor flujo de personas y bienes, ha sido planteado por las autoridades salteñas como una herramienta clave para fortalecer el control fronterizo. Sin embargo, la medida ha sido percibida en Bolivia como una acción unilateral que podría perturbar las relaciones entre ambos países, históricamente hermanados por fuertes vínculos culturales y económicos.
