En el tercer encuentro multisectorial realizado en Sucre, distintos sectores de la cadena productiva, empresarios, gremiales, transporte pesado y cívicos anunciaron un paro nacional de 24 horas para el 10 de febrero en caso de que el Gobierno no derogue la Disposición Adicional Séptima de la Ley 1613 del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025.
Los sectores tomaron esta determinación tras analizar la respuesta del Ejecutivo a la norma, la cual consideran confiscatoria. En el documento aprobado durante el encuentro, se exige al Gobierno y al presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional, David Choquehuanca, realizar las gestiones “inmediatas” para la derogación de la disposición observada.
“En caso de no ser escuchados y no proceder a la derogación, los integrantes de la cadena de abastecimiento de la cadena productiva realizaremos un paro movilizado nacional de 24 horas el día 10 de febrero”, señala el punto cinco del pronunciamiento.
Además, los sectores acordaron presentar en los próximos días un proyecto de ley que contemple la eliminación de la Disposición Adicional Séptima. Asimismo, ratificaron que no participarán en ninguna reunión de reglamentación de la disposición que sea convocada por el Gobierno.
“Pedimos a nuestras autoridades que piensen en la población y nos dejen trabajar para continuar produciendo, seguir invirtiendo y mantener la circulación del dinero en todo el territorio nacional”, añade el documento.
El presidente de la Cámara Nacional de la Industria (CNI), Pablo Camacho, afirmó que la mejor solución para evitar el conflicto es la derogación de la norma antes de la fecha fijada para el paro. “Nosotros no especulamos, no hacemos agio, no conspiramos, no hacemos política, nosotros producimos”, enfatizó.
Pese a la presión de los sectores productivos, el Gobierno insistió en convocar al diálogo para aclarar el alcance y la intención de la disposición incluida en la Ley 1613, argumentando que su aplicación puede ser reglamentada para evitar interpretaciones erróneas.
