Tras recuperar su libertad luego de permanecer detenido por su presunta vinculación con la toma militar del 26 de junio en la plaza Murillo, el diputado opositor Richard Ribera ofreció una conferencia de prensa este miércoles, donde expresó su molestia por las restricciones impuestas por la justicia y defendió su inocencia.
Ribera, quien fue aprehendido el lunes en el Aeropuerto Internacional de El Alto y trasladado a dependencias de la FELCC en La Paz, informó que el juez determinó medidas sustitutivas a la detención preventiva, entre ellas el arraigo (prohibición de salir del país) y la obligación de presentarse una vez al mes ante la Fiscalía.
“Debo hacer notar que se me ha prohibido hablar del tema (la toma militar), y es por eso que mi abogado ha presentado una apelación para que no se vulnere el derecho de libre expresión ante hechos que no comparto”, declaró Ribera ante los medios, evitando referirse directamente al proceso judicial.
Denuncia intento de criminalización
El legislador calificó el proceso en su contra como una persecución política y reiteró su inocencia: “Yo soy inocente, intentan involucrarme en este falso golpe. Esperamos que en unos dos días podamos estar libres totalmente, con libertad pura y simple”, señaló.
Durante su intervención, Ribera insistió en que su aprehensión fue arbitraria y que su nombre está siendo utilizado para fortalecer una narrativa que no se sostiene. Además, aseguró que continuará su labor parlamentaria a pesar de las restricciones y que acudirá a todas las instancias legales para defenderse.
Medidas judiciales
La resolución judicial impuesta este miércoles incluye la prohibición de hablar públicamente del caso, medida que el equipo legal del legislador considera atentatoria contra los derechos constitucionales del parlamentario, en especial el de libertad de expresión.
El caso por la toma militar de la plaza Murillo sigue generando controversia y tensiones políticas. La detención y posterior liberación de Ribera se da en medio de un ambiente de polarización, donde el oficialismo insiste en investigar y sancionar lo que consideran un intento de golpe de Estado, mientras que desde la oposición se denuncia una arremetida judicial para acallar voces disidentes.
