El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Oscar Hassenteufel, confirmó este viernes que la participación directa de los pueblos indígenas en las elecciones presidenciales del 17 de agosto no será posible bajo la normativa vigente, pese a los reclamos de las organizaciones originarias que han llevado su demanda al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).
Hassenteufel explicó que el artículo 209 de la Constitución permite la participación de los pueblos indígenas en cargos electos, pero el inciso C del artículo 5 de la Ley de Organizaciones Políticas limita esa participación al ámbito subnacional. “El TSE no puede, simplemente, decir que participen”, indicó el titular del órgano electoral, al dejar en manos del TCP cualquier modificación futura sobre el tema.
El jueves, una comitiva que se identifica como representante de pueblos indígenas del oriente boliviano presentó en Sucre una Acción de Inconstitucionalidad Abstracta ante el TCP, con el objetivo de frenar el proceso electoral en curso y garantizar el derecho de participación directa de los pueblos indígenas en la elección presidencial.
El recurso fue firmado por el diputado del MAS, Josué Ayala, quien representa a la circunscripción indígena de Tarija. La demanda cuestiona los artículos 5 y 15 de la Ley de Organizaciones Políticas, señalando que vulneran la Constitución al impedir que las organizaciones indígenas actúen como actores electorales en el ámbito nacional.
El abogado Luis Ardaya, encargado de presentar el memorial, detalló que se han solicitado dos medidas cautelares: la inscripción provisional de las organizaciones indígenas como sujetos políticos, y la suspensión del calendario electoral hasta que el TCP emita un fallo sobre el fondo del recurso. La petición se realiza en nombre de Fausto Ardaya, precandidato indígena que aspira a la presidencia con respaldo de la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (CIDOB).
“No vamos a permitir elecciones donde los pueblos indígenas sean excluidos. Esta no es una amenaza. Es una decisión firme, legal y legítima”, advirtió Fausto Ardaya a través de sus redes sociales, sumando presión al debate sobre inclusión y representación.
A pesar del recurso presentado, el presidente del TSE recordó que “ese pronunciamiento no va a poder salir ya para este proceso electoral” y que, en caso de lograrse una modificación, solo tendría efecto en futuros comicios.
Por su parte, magistrados del TCP y del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ya han manifestado que ninguna acción jurídica podrá frenar las elecciones del 17 de agosto, decisión que ahora se ve desafiada por el recurso legal interpuesto.
El equipo jurídico de Ardaya anunció que, de no obtener una respuesta favorable, recurrirá a instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en busca de protección a los derechos políticos de los pueblos indígenas.
La controversia agudiza la tensión preelectoral en Bolivia, en un escenario donde diversas fuerzas pugnan por representación y los pueblos indígenas reclaman un espacio que la Constitución les reconoce, pero que aún no se materializa plenamente en los procesos electorales nacionales.
