La denuncia de un presunto insulto racista durante el partido entre Operário-PR y América-MG, el pasado domingo 4 de mayo, ha generado un fuerte revuelo en el fútbol brasileño. El delantero local Allano aseguró que fue llamado “cobarde negro” por el mediocampista visitante “Miguelito” Terceros, sin embargo, el informe oficial del árbitro Alisson Sidnei Furtado fue claro: “Ningún miembro del equipo arbitral en el terreno de juego vio y/o escuchó tal incidente”.
Según el documento presentado por el colegiado, la acusación fue realizada por Allano a los 30 minutos del primer tiempo. Inmediatamente, se activó el protocolo antirracismo, tal como estipula el reglamento de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF): se detuvo el partido por 16 minutos, se realizaron gestos simbólicos y se emitió un anuncio por los altavoces advirtiendo que, de persistir la situación, el encuentro sería suspendido.
No obstante, el árbitro remarcó que no existió ninguna constatación directa por parte del cuerpo arbitral que respaldara la acusación. Por ello, y ante la falta de evidencia sonora o visual en el momento, se reanudó el juego y el jugador acusado continuó en cancha hasta el entretiempo.
“Tras la comunicación del atleta local, se implementó de inmediato el protocolo antirracismo, en su primera etapa (…). Le informo que ningún miembro del equipo arbitral en el terreno de juego vio y/o escuchó tal incidente”, subrayó Furtado en su informe.
En el mismo documento, el árbitro también describió la reacción del público tras la interrupción: un aficionado del Operário-PR arrojó un vaso con líquido hacia el banco visitante. El agresor fue identificado por un jugador del América-MG y retirado por la Policía Militar.
Desde Operário-PR lamentaron que el partido continuara sin mayores consecuencias y reiteraron su compromiso con la lucha contra el racismo. El club anunció que seguirá revisando imágenes del encuentro con la esperanza de encontrar elementos que respalden la denuncia de Allano.
Este caso pone en evidencia los límites actuales del protocolo antirracismo cuando no hay pruebas inmediatas, y reabre el debate sobre cómo actuar frente a denuncias graves que no pueden ser verificadas en el momento del hecho.
