La detención de la jueza Lilian Moreno, ocurrida este lunes en Santa Cruz, provocó un inmediato pronunciamiento del expresidente y líder cocalero Evo Morales, quien denunció que en Bolivia ya no existe Estado de Derecho, y acusó al Gobierno de Luis Arce de ejercer “terrorismo de Estado” para perseguir a quienes disienten del oficialismo.
“Desde hace tiempo vengo denunciando que en Bolivia, con el Gobierno actual, no hay Estado de Derecho. Aquí rige el terrorismo de Estado que difama, persigue y encarcela a los bolivianos que piensan diferente. No buscan justicia sino venganza brutal”, afirmó Morales a través de sus redes sociales, unas horas después de conocerse la aprehensión de la jueza.
Moreno, jueza de garantías constitucionales, emitió un fallo que anuló la orden de aprehensión y la declaratoria de rebeldía contra Morales en un proceso por trata y tráfico de personas. Además, dispuso que el caso sea trasladado de Tarija a Cochabamba, lo que fue interpretado como una maniobra judicial para favorecer al exmandatario.
El ministro de Justicia, César Siles, confirmó a medios estatales que el Gobierno presentó una denuncia penal en su contra por los presuntos delitos de prevaricato y desobediencia a resoluciones constitucionales. Según Siles, la jueza habría actuado fuera de su jurisdicción, vulnerando procedimientos y competencias.
Mientras aguarda su traslado a La Paz, donde será puesta ante un juez cautelar, la aprehensión de Moreno se ha convertido en un nuevo foco de tensión política entre el ala radical del MAS, que responde a Evo Morales, y el Gobierno de Luis Arce, cada vez más distanciados.
“El Gobierno ni siquiera respeta a jueces de garantías constitucionales que solo buscan el respeto al debido proceso. Pido a organismos internacionales actuar ante el irrespeto de los derechos humanos y constitucionales del gobierno contra sus ciudadanos indefensos, perseguidos y amenazados permanentemente”, insistió Morales.
Este nuevo episodio profundiza la fractura dentro del oficialismo y revive el debate sobre la independencia del sistema judicial boliviano, cuestionado por su uso político en medio de las disputas internas del Movimiento al Socialismo.
