Una denuncia presentada por dos ciudadanos ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha generado tensión en el escenario político nacional, al solicitar la cancelación de la personería jurídica del partido Unidad Nacional (UN) por un presunto caso de racismo atribuido a su líder, Samuel Doria Medina.
La acción legal se basa en una publicación de redes sociales de 2016, en la que Doria Medina, entonces líder de oposición, se refirió a la exministra de Comunicación Marianela Paco con la frase: “No es la peor ministra de Evo, pero hace méritos”. Según los denunciantes, esta expresión constituiría una forma de racismo y, por lo tanto, argumentan que su partido político debería ser inhabilitado.
Unidad Nacional respondió de manera enérgica a la denuncia, calificándola como infundada y motivada por fines políticos. “Rechazamos con indignación la judicialización de las elecciones a la que están entregados un grupo de personas con intereses oscuros y antidemocráticos, que recurren, sin vergüenza alguna, a argumentos falsos para impedir nuestra participación democrática”, señala el comunicado emitido por la organización.
La agrupación política aseguró que ninguno de sus dirigentes ha sido condenado por racismo o discriminación en ningún momento. Además, advirtió que esta denuncia forma parte de una estrategia para obstaculizar la participación electoral de actores de oposición en las elecciones generales del 17 de agosto.
Unidad Nacional forma parte del bloque «Unidad», la alianza política que postula a Samuel Doria Medina como candidato presidencial. El empresario y político ha retomado protagonismo en la presente campaña con un discurso centrado en la economía y la institucionalidad democrática, y su candidatura representa una de las apuestas más consolidadas dentro de la oposición.
Hasta el momento, el Tribunal Supremo Electoral no se ha pronunciado oficialmente sobre la admisión o rechazo de la denuncia. Sin embargo, el caso ha desatado preocupación entre analistas políticos, que ven en estas acciones una posible tendencia hacia el uso de mecanismos judiciales con fines políticos-electorales.
La posibilidad de que una publicación de hace casi una década sea utilizada como argumento para intentar proscribir a una fuerza política relevante reabre el debate sobre la instrumentalización de la justicia en tiempos electorales.
