La tensión social en Chuquisaca se intensifica. La Federación Única de Trabajadores Campesinos del departamento advirtió que procederá con la toma de instituciones públicas y analiza el bloqueo de las principales rutas, en protesta por el incremento sostenido en los precios de productos de primera necesidad y la persistente escasez de combustible.
La advertencia llega tras el vencimiento del plazo de 72 horas que la organización otorgó al Gobierno central para actuar frente a lo que califican como “especulación descontrolada y acaparamiento impune”. Julián Romero, ejecutivo de la organización campesina, fue enfático al anunciar la radicalización de medidas de presión: “Vamos a tomar instituciones como YPFB, Emapa, la Alcaldía de Sucre y la Gobernación. No vamos a permitir que el pueblo siga pagando precios abusivos mientras los productos están guardados en almacenes”, afirmó.
El ultimátum se originó tras una masiva marcha campesina realizada el pasado 25 de mayo, fecha en la que las bases entregaron una carta con exigencias puntuales a autoridades nacionales, departamentales y municipales. Entre ellas: frenar la subida del precio del aceite, el arroz, el azúcar, el pan y el fideo, además de normalizar el abastecimiento de carburantes.
Lejos de disiparse, la preocupación ha ganado fuerza. La Central Obrera Departamental (COD) de Chuquisaca anunció que podría sumarse a las movilizaciones. Su dirigente, Marcelo Torres, señaló que se convocará a un ampliado en las próximas horas. “El aceite ya está por encima de los 20 bolivianos el litro, el azúcar ha subido, el arroz también. Esto es insostenible para las familias trabajadoras”, declaró.
La denuncia de posibles prácticas de acaparamiento también fue confirmada por Erick Medrano, jefe municipal de Mercados de Sucre, quien reconoció la existencia de depósitos con productos esenciales almacenados. “Hoy consultas el precio de un producto, mañana vuelves y ya ha cambiado. Esta inestabilidad perjudica directamente al consumidor”, indicó.
La situación revela una creciente presión social por la falta de respuestas estructurales ante la crisis económica que afecta a los sectores más vulnerables. Mientras tanto, desde el Gobierno no se han emitido pronunciamientos oficiales sobre las amenazas de protesta, aunque fuentes cercanas al Ministerio de Desarrollo Productivo señalan que se está evaluando una estrategia de control de precios y abastecimiento.
Con los mercados marcados por la incertidumbre y el malestar social en aumento, Chuquisaca podría convertirse en el epicentro de una nueva ola de movilizaciones con impacto económico y político a nivel nacional.
