Un juez del municipio de Colcha K, en el departamento de Potosí, determinó este martes la suspensión temporal de los contratos de industrialización de litio firmados por la estatal Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) con las empresas Uranium One Group de Rusia y CBC de China, como resultado de una acción popular interpuesta por la Central Única Provincial de Comunidades Originarias de Nor Lípez.
La medida judicial fue calificada como una “primera victoria” por los representantes legales de las comunidades, quienes aseguran que el proyecto vulnera derechos colectivos y ambientales en el Salar de Uyuni, donde se prevé el desarrollo de plantas de extracción directa de litio (EDL).
“El juez otorgó medidas cautelares que paralizan el tratamiento de los contratos en la Cámara de Diputados e instruyó a YLB abstenerse de ejecutar cualquier acto o trabajo vinculado a esos convenios”, explicó la abogada Fátima Monasterio, representante de los demandantes.
La acción popular exige que se respeten los principios de consulta previa, libre e informada, además de la realización de un estudio de impacto ambiental y una normativa clara sobre los alcances y límites de la explotación del recurso natural estratégico.
Respuesta de YLB
En respuesta, la empresa estatal YLB afirmó que no ha sido notificada oficialmente con la acción judicial y aclaró que los contratos aún no tienen vigencia legal, ya que requieren aprobación del Legislativo para su ejecución.
“Cuando YLB sea notificada conforme a derecho, presentará el informe correspondiente con argumentación técnica y legal que demostrará que no se ha vulnerado ningún derecho”, expresó la entidad en un comunicado oficial.
La paralización de estos contratos supone un nuevo giro en el avance del proceso de industrialización del litio en Bolivia, que el Gobierno considera clave para el desarrollo económico del país. En enero y junio de 2023, YLB firmó convenios para la construcción de dos plantas EDL, con una inversión conjunta de más de US$ 1.400 millones.
Debate nacional
Este caso también reabre el debate sobre la gestión estatal de los recursos naturales, la participación de las comunidades locales y el equilibrio entre desarrollo económico y sostenibilidad ambiental. Organizaciones cívicas y medioambientales de Potosí han advertido reiteradamente sobre la falta de transparencia en el manejo del litio y el riesgo de convertir el salar en un “campo de experimentación” para intereses extranjeros.
Ahora, el futuro inmediato de los contratos queda en suspenso hasta que se emita una sentencia definitiva sobre la acción popular.
