La reciente inclusión de Bolivia en la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha desatado una nueva polémica en el escenario político nacional. El exdiputado cruceño Tomás Monasterio afirmó este viernes que esta decisión internacional representa una “señal inequívoca de que el país es percibido como un narcoestado bajo sospecha internacional”, y responsabilizó directamente al Gobierno de Luis Arce por lo que calificó como un “silencio cómplice”.
“El crimen organizado avanza mientras Evo bloquea y el Gobierno calla”, sostuvo Monasterio, aludiendo al expresidente Morales y las protestas que se han registrado en distintos puntos del país. En un tono crítico, el exparlamentario aseguró que el proceso electoral previsto para el próximo 17 de agosto “no es una elección, sino la salida del pantano”, en referencia al contexto de conflictividad, crisis económica y desgaste institucional que atraviesa Bolivia.
Ante estas declaraciones, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas emitió un comunicado oficial en el que aclara que la inclusión en la lista gris del GAFI no implica sanciones económicas ni bloqueos financieros, y que el proceso responde a una evaluación técnica para mejorar los estándares en la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
“El país ha suscrito un plan de acción con el GAFI y está trabajando de manera coordinada con instituciones nacionales e internacionales para atender las observaciones”, reza el comunicado. Además, el Gobierno aseguró que el sistema financiero nacional se mantiene estable y reafirmó su compromiso con la transparencia y el fortalecimiento de sus mecanismos regulatorios.
En paralelo, economistas advierten que, si bien la inclusión en la lista gris no tiene efectos inmediatos, podría afectar la percepción de riesgo país y generar presiones adicionales sobre la economía boliviana, particularmente en un año electoral y con signos de desaceleración. La reputación financiera ante organismos internacionales, bancos corresponsales y potenciales inversionistas podría resentirse si el país no demuestra avances sostenidos en el corto plazo.
La pugna política en torno a este tema no parece disminuir. Mientras la oposición acusa al oficialismo de tolerar estructuras ilegales que debilitan la institucionalidad, el Ejecutivo llama a la prudencia y asegura que se está actuando “con responsabilidad” para revertir la medida. El debate promete escalar en las semanas previas a los comicios de agosto, donde la economía, la seguridad y la transparencia serán temas clave.
