El ministro de Gobierno, Roberto Ríos, defendió el anteproyecto de ley que endurece las penas por delitos vinculados a accidentes de tránsito, por lo que llamó al transporte público a un diálogo informado basado en estadísticas.
“Es importante también que ellos (transportistas) analicen de manera conjunta, en función a la estadística que hemos presentado. Este proyecto de ley no solo está orientado a mejorar la proporcionalidad a las penas en este tipo de hechos o accidentes, sino también está orientado a reducir la impunidad por este tipo de delito”, explicó la autoridad en contacto con los periodistas.
La propuesta, aprobada por el gabinete y enviada a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), modifica los artículos 261 y 262 del Código Penal, estableciendo sanciones más severas para quienes, por imprudencia o consumo de alcohol o drogas, provoquen accidentes con consecuencias graves o fatales. También plantea la inhabilitación definitiva para conducir en casos extremos.
De acuerdo con datos del Observatorio Boliviano de Seguridad Ciudadana (OBSC), entre 2023 y 2024, las muertes por accidentes viales subieron un 15,38%, al pasar de 1.515 a 1.748 casos. Las lesiones también registraron un alza del 5,09%, al alcanzar las 15.817 personas heridas.
El 61% de los siniestros son causados por imprudencias al volante, como el uso del celular, el exceso de velocidad o maniobras indebidas. Un 5,1% de los casos está vinculado al consumo de sustancias.
Ante el rechazo a dicho proyecto de ley por parte de algunos sectores del transporte público, el ministro aseguró que el Ejecutivo mantendrá el diálogo.
“Reconocemos la importancia del trabajo que realizan, pero también les pedimos reflexionar sobre las cifras y el impacto de estos hechos en las familias bolivianas (…). Vamos a realizar esta explicación con las organizaciones correspondientes del transporte público que quienes, aparentemente, serían los principales opositores a esta normativa para que entiendan”, dijo.
El proyecto también modifica el artículo 262, referido a la omisión de socorro, aumentando la pena a quienes no auxilien a las víctimas tras un accidente, sobre todo si ocurre en lugares deshabitados.
En ese marco, Ríos subrayó que esta iniciativa forma parte de una reforma integral a la Ley de Seguridad Vial, que buscará no solo sancionar, sino también educar y prevenir, abordando los factores clave de la seguridad vial.
