La Dirección General de Régimen Penitenciario emitió este martes un comunicado oficial para desmentir las acusaciones realizadas por el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, respecto a supuestos cortes de agua y represalias durante su detención preventiva en el Centro Penitenciario de Chonchocoro, ubicado en el municipio de Viacha, en el departamento de La Paz.
“El suministro de agua y los servicios básicos se gestionan de manera colectiva para toda la población privada de libertad, sin distinciones ni tratos diferenciados”, señala parte del comunicado.
El gobernador cruceño denunció presuntas “torturas blancas” durante sus casi tres años de reclusión, asegurando que le cortaron el agua por cinco días, limitaron su salida para tomar sol y restringieron su alimentación, lo que habría provocado pérdida de peso.
Régimen Penitenciario afirmó que las denuncias de Camacho carecen de fundamento y tienen un trasfondo político.
En el comunicado, la Dirección General resaltó la importancia de informar a la población para “preservar la verdad, proteger la institucionalidad y cumplir con los compromisos irrenunciables en defensa de los derechos humanos”.
Además, recordó que durante la detención de Camacho, organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Subcomité para la Prevención de la Tortura (SPT) y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) realizaron visitas de inspección al penal, recomendando al Estado boliviano mantener condiciones dignas de detención y confirmando el cumplimiento de estándares internacionales.
Asimismo, instituciones nacionales como la Defensoría del Pueblo realizaron visitas regulares al Centro Penitenciario de Chonchocoro, sin registrar quejas formales ni emitir informes que respalden las afirmaciones sobre interrupciones en servicios básicos o tratos diferenciados.
La Dirección General de Régimen Penitenciario condenó enfáticamente la utilización política de su gestión y ratificó que todas las acciones en los recintos penitenciarios se realizan conforme a la normativa legal vigente y con respeto absoluto a los derechos humanos.
