El responsable del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de la Defensoría del Pueblo, Juan Ledezma, advirtió que la aplicación de la detención preventiva afecta de manera desproporcionada a la población joven privada de libertad en el país.
Según un estudio reciente realizado por la institución, en Bolivia existen alrededor de 33.000 personas privadas de libertad, de las cuales el 58% se encuentra bajo detención preventiva.
Sin embargo, el panorama se agrava en el grupo etario comprendido entre los 18 y 28 años, que representa un tercio de la población carcelaria.
“En el caso de los jóvenes, que son casi 10.000 personas privadas de libertad, el 75% está en detención preventiva, lo cual constituye una afectación desproporcionada”, señaló Ledezma en entrevista con RTP.
La Defensoría del Pueblo considera que este dato revela un problema estructural en la administración de justicia penal, ya que la detención preventiva debería aplicarse de manera excepcional y no como regla general.
El informe elaborado por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura será remitido a las autoridades competentes, con el propósito de promover medidas que reduzcan el abuso de esta figura legal y garanticen el respeto a los derechos humanos de la población joven encarcelada.
