La Fiscalía Departamental de Potosí confirmó que ya son 23 las personas capturadas y con medidas cautelares en el marco de las investigaciones por los hechos de violencia extrema ocurridos en el municipio de Llallagua, entre el 10 y el 11 de junio, que dejaron un saldo trágico de cuatro muertos, entre ellos tres miembros de la Policía Boliviana y un dirigente universitario.
El fiscal departamental, Gonzalo Aparicio Mendoza, informó que, en audiencia de medidas cautelares, se demostró la probable participación de Felipe M. y César U. en los delitos de asesinato, porte y portación de explosivos, además de lesiones graves y gravísimas.
“Hemos presentado los elementos suficientes que vinculan a ambos sujetos con el hecho investigado, logrando que el juez determine la detención preventiva mientras continúan las investigaciones. Este es un paso importante para garantizar que este crimen no quede impune”, aseguró Aparicio, citado en un reporte institucional.
El Juzgado de Instrucción en lo Penal de Potosí ordenó seis meses de detención preventiva para Felipe M., en el penal de Cantumarca, y cuatro meses para César U., en San Miguel de Uncía.
Los hechos ocurrieron durante un operativo policial que buscaba restablecer la transitabilidad en la carretera principal de Llallagua, bloqueada por grupos afines al expresidente Evo Morales, que exigían su habilitación como candidato presidencial.
Durante la intervención, los uniformados fueron atacados con explosivos caseros, piedras y proyectiles, lo que desató una ola de violencia.
Entre las víctimas fatales están Brayam Jorge Barrozo, subteniente de Policía, asesinado por impacto de bala; Carlos Apata Tola, oficial de Policía, capturado y golpeado hasta la muerte en Aguas Calientes; Jesús Mamani Morales, bombero sargento primero, también golpeado hasta perder la vida; y Héctor Moreli, dirigente universitario de 38 años, que fue arrojado desde un barranco de aproximadamente 50 metros y permaneció en terapia intensiva por casi cuatro meses hasta su fallecimiento.
La violencia también incluyó saqueos a instituciones públicas, dejando varios policías heridos y daños materiales considerables.
La Fiscalía continúa con operativos para dar con otros posibles autores materiales e intelectuales. Entre los procesados figura el alcalde de Llallagua, Adalid Aguilar, investigado por su presunta vinculación con los sucesos.
Además, la Policía mantiene activas varias órdenes de aprehensión, en coordinación con el Ministerio Público, que busca esclarecer la autoría total de uno de los episodios más violentos del año.
