En línea con su compromiso con el fortalecimiento institucional, la promoción de la ética en la abogacía y la independencia del ejercicio profesional, el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional elabora un proyecto de reforma de la Ley 387, del Ejercicio de la Abogacía, promulgada el 9 de julio de 2013.
El objetivo central es otorgar autonomía al Colegio Nacional de Abogados y a los Colegios Departamentales de Abogados en los procesos disciplinarios y éticos que involucren a los profesionales del Derecho.
“El Ministerio de Justicia se encuentra elaborando un Proyecto de Reforma de la Ley N.º 387, de 9 de julio de 2013-Ley del Ejercicio de la Abogacía (…) El objetivo central de esta propuesta normativa es devolver la autonomía en los procesos disciplinarios y éticos al Colegio Nacional de Abogados y a los Colegios Departamentales de Abogados (sic)”, señala un comunicado oficial.
De esta manera, estas instancias serán las responsables directas del conocimiento, sustanciación y resolución de las infracciones éticas, garantizando un proceso más transparente y cercano al ámbito profesional.
Una de las principales modificaciones apunta a la supresión de la competencia del Tribunal Nacional de Ética, actualmente bajo la supervisión del Ministerio de Justicia, y la transferencia de estas atribuciones a los órganos colegiados del gremio de abogados.
Esta medida responde al principio de autorregulación del sector, promoviendo la independencia y responsabilidad profesional de los abogados.
A pesar de la transferencia de competencias, el Ministerio de Justicia mantendrá su facultad de supervisión y control para asegurar el adecuado ejercicio de la abogacía.
Esta supervisión se alinea con su mandato constitucional de garantizar el acceso a la justicia, promover la transparencia y proteger los derechos de la ciudadanía.
“El Ministerio de Justicia reafirma su compromiso con la creación de un sistema de justicia más eficiente, transparente y ético, que fortalezca la confianza de la población en la labor de las y los abogados, a la vez que contribuye al desarrollo del Estado de Derecho en Bolivia”, enfatiza el documento.
