La Defensoría del Pueblo expresó su preocupación por la decisión del presidente Rodrigo Paz de eliminar el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, advirtiendo que la medida podría afectar la provisión de servicios esenciales y la protección de los derechos de grupos vulnerables.
En un comunicado difundido este jueves, la institución señaló que el ministerio tenía bajo su tuición reparticiones e instituciones estratégicas para la protección de niñas, niños, adolescentes, mujeres, personas adultas mayores, jóvenes, personas con discapacidad y víctimas de violencia de género. Entre ellas se encontraban el CONALPEDIS, SEPDEP, SEPDAVI, SIJPLU y otros órganos que ofrecían asistencia jurídica, psicológica y social gratuita.
La Defensoría advirtió que la eliminación de la cartera omite considerar la formulación de políticas públicas, la coordinación interinstitucional y los compromisos internacionales en materia de derechos humanos asumidos por Bolivia. También destacó que el ministerio coordinaba consejos sectoriales contra la trata de personas, la vejez digna y la protección de la niñez, lo que garantizaba un trabajo interinstitucional articulado para la promoción y defensa de derechos humanos.
El organismo exhortó al Órgano Ejecutivo a brindar claridad sobre la nueva estructura que asumirá las funciones de la cartera desaparecida, asegurando la continuidad de los servicios esenciales para la ciudadanía.
