El Gobierno nacional oficializó este lunes la reorganización del extinto Ministerio de Justicia, mediante un decreto que redistribuye sus principales atribuciones entre el Ministerio de la Presidencia y el Ministerio de Desarrollo Productivo. La medida forma parte del proceso de racionalización del aparato estatal impulsado por el Ejecutivo.
El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, informó que, tras la eliminación del Ministerio de Justicia, se crearon dos nuevas instancias dependientes de su cartera: el Viceministerio de Transparencia, Seguridad Jurídica y Derechos Humanos y el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, Descolonización y Despatriarcalización.
Asimismo, se decidió trasladar la Dirección de Defensa del Consumidor al Ministerio de Desarrollo Productivo, cartera a la que —según Lupo— le corresponde esta función debido a su relación con otras entidades del área económica.
El ministro explicó que algunas unidades del ex Ministerio de Justicia tienen restricciones legales para su traslado definitivo. No obstante, se dispuso que, de manera transitoria, pasen también al Ministerio de la Presidencia mientras se realizan los ajustes normativos necesarios.
Racionalización sin despidos masivos
Lupo afirmó que la reorganización no busca aplicar una “masacre blanca”, sino optimizar el tamaño del Estado. Señaló que existen funcionarios con amplia trayectoria que continuarán en sus cargos, pero también observó que en los últimos años se crearon puestos “supernumerarios” sin funciones claras, lo que genera un gasto injustificado para el país.
“No existe una política de destitución automática. Sabemos que hay talento humano valioso en el Estado, pero también casos donde se generaron cargos sin sentido que afectan a todos los bolivianos que pagan impuestos”, sostuvo.
Parte del proceso de reforma judicial
Lupo destacó que la medida se enmarca en el proceso de reforma judicial que impulsa el Gobierno, bajo la premisa de “recuperar la justicia para la gente”. El decreto que formaliza la reorganización será la base administrativa para esa transformación
