La Central de Comunidades Indígenas Tacanas II Río Madre de Dios (CITRMD) denunció ante la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) la supuesta existencia de minería ilegal en el río Toromonas, dentro de la Tierra Comunitaria de Origen (TCO) Tacanas II, en el municipio de Ixiamas, provincia Abel Iturralde. En una carta dirigida al director nacional de la AJAM, Jaime Sanabria, la organización solicitó una inspección inmediata y conjunta ante los graves daños ambientales y el riesgo que estas actividades representan para un pueblo indígena en aislamiento voluntario, presuntamente Toromona o Araona.
La denuncia, fechada el 26 de noviembre y respaldada por la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (CPILAP) y la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente (CIDOB), señala que se cuenta con evidencia audiovisual y verificaciones propias sobre la presencia de dragas y maquinaria pesada trabajando en el cauce del río y en sus márgenes, provocando contaminación irreversible, deforestación y alteración de antiguos lechos fluviales.
“Hemos recabado evidencia contundente sobre la proliferación de actividad minera ilegal en el río Toromonas, afluente del río Madre de Dios”, señala la misiva enviada a la AJAM.
El presidente de la CITRMD, Roland Mejía, aclaró que la presunta actividad minera detectada en la comunidad Las Mercedes no cuenta con autorización de las organizaciones indígenas, y que cualquier acuerdo con operadores mineros habría sido realizado por personas a título individual, sin respaldo orgánico. Asimismo, indicó que en la zona del Madre de Dios la única cooperativa reconocida es Asobal RL, y denunció que la AJAM no proporcionó información clara sobre las áreas mineras autorizadas en la región.
Territorio con doble protección
Las organizaciones indígenas recordaron que la TCO Tacanas II cuenta con doble estatus de protección, al tratarse de un territorio titulado y, además, de una zona con presencia de Pueblos Indígenas en Aislamiento (PIA), específicamente el pueblo Toromona. En ese sentido, advirtieron que la minería ilegal vulnera no solo la legislación ambiental, sino también la Ley 450 de Protección a Naciones y Pueblos Indígena Originarios en Situación de Alta Vulnerabilidad, así como normas internacionales de Derechos Humanos.
“La minería ilegal en el río Toromonas pone en riesgo directo la supervivencia física y cultural de estos hermanos en aislamiento”, advierte la denuncia.
Las organizaciones exigieron a la AJAM una inspección técnica legal in situ, coordinada y acompañada por las autoridades indígenas legítimas, además de un informe detallado sobre cualquier contrato, trámite de consulta previa o autorización minera en el área. También solicitaron la activación inmediata de acciones de interdicción, el desalojo de operadores ilegales —incluidos presuntos extranjeros— y el respeto irrestricto a las normas medioambientales.
Cuestionan omisiones de la AJAM
En la carta, las organizaciones manifestaron su preocupación por presuntas omisiones en inspecciones previas realizadas por la AJAM en la zona, pese a la magnitud del daño ambiental evidente. Ante ello, cuestionaron si se trató de negligencia o de otros intereses que impidieron sancionar oportunamente estas actividades ilegales.
Además, rechazaron categóricamente cualquier documento o voto resolutivo que, supuestamente, avale la minería en el lugar, y que esté firmado por individuos sin representación legal indígena.
“Quienes suscriben acuerdos con mineros ilegales lo hacen a título personal y fuera de nuestra estructura orgánica”, enfatizaron.
Antecedentes
La denuncia también recuerda antecedentes vinculados a la presencia de pueblos no contactados en la región. En 2017, un reportaje difundido por la Agencia de Noticias Fides (ANF) reveló que un campamento petrolero fue trasladado en la zona del proyecto “Adquisición Sísmica 2D de la Cuenca Madre de Dios” luego de que trabajadores reportaran gritos y señales de presencia humana no contactada, presuntamente del pueblo Toromona.
Dichos antecedentes reforzaron la decisión del SERNAP de declarar la zona como intangible, con el fin de proteger a estos pueblos altamente vulnerables.
Las organizaciones indígenas reafirmaron su compromiso de defender su territorio y su patrimonio natural, asegurando que no permitirán la destrucción de su “casa grande” ni la vulneración de los derechos de las futuras generaciones.
