El ministro de Economía, Gabriel Espinoza, anunció este martes un cambio estructural en el destino de las inversiones que realiza la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo, que a partir de ahora comenzará a dirigir los recursos hacia el sector privado, dejando de priorizar al Tesoro General del Estado como principal receptor de los aportes.
Según la autoridad, durante el anterior gobierno la mayor parte de los fondos administrados por la Gestora era colocada en el Tesoro mediante decisiones políticas, a pesar de que el Estado arrastraba un déficit fiscal sostenido durante más de 12 años, lo que calificó como “insostenible en el tiempo”.
“Con esta nueva administración, el flujo que recibe todos los meses la Gestora ahora va a empezar a ser direccionado a inversiones en el sector privado”, afirmó Espinoza.
El ministro explicó que este nuevo enfoque permitirá aumentar la disponibilidad de crédito y dinamizar la Bolsa Boliviana de Valores, canalizando recursos hacia empresas que necesiten ampliar sus operaciones, invertir en crecimiento y generar más empleos.
Espinoza indicó que esta medida marca una ruptura con el modelo aplicado en el último quinquenio, periodo en el que el Tesoro General del Estado fue prácticamente el principal destino de las inversiones de la Gestora Pública.
Investigación y denuncias
En la misma conferencia, el ministro informó que su despacho se encuentra trabajando en la detección de presuntos malos manejos en la administración de la Gestora Pública, cuyos resultados serán puestos en conocimiento del Ministerio Público.
Entre las irregularidades preliminarmente identificadas, mencionó la existencia de compras que superarían ampliamente los valores de mercado, así como operaciones financieras que han despertado serias observaciones dentro del proceso de revisión interna.
Críticas a la nacionalización de las AFP
Espinoza también cuestionó los resultados de la nacionalización de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), ejecutada durante el gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS), que dio lugar a la creación de la Gestora Pública.
Señaló que la administración estatal de los fondos no ha generado los beneficios esperados y, por el contrario, dejó una serie de litigios que hoy enfrenta el Estado con las empresas que anteriormente gestionaban los aportes de los trabajadores.
Como ejemplo, detalló que los gastos legales derivados de estos procesos alcanzaron más de medio millón de dólares anuales, además del riesgo de perder un litigio por 171 millones de dólares, suma que se sumaría a otros montos ya establecidos en laudos previos.
