Un juez determinó este miércoles la detención domiciliaria para el secretario ejecutivo de la Confederación Nacional de Panificadores de Bolivia (Conapabol), Rubén Ríos, investigado por presuntas irregularidades vinculadas al uso de harina subvencionada entregada por la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa).
La decisión fue asumida tras una extensa audiencia desarrollada de manera virtual, en la que la autoridad jurisdiccional estableció que existen suficientes elementos de convicción que apuntan a la probabilidad de autoría del dirigente en los hechos investigados, aunque consideró que la medida extrema de reclusión no era necesaria.
La resolución dispone detención domiciliaria sin custodio y sin salida laboral, además de arraigo, que deberá ser certificado ante la Dirección General de Migración, el pago de una fianza económica de Bs 60.000 y la obligación de presentarse dos veces al mes ante la Fiscalía para el registro biométrico.
En el caso de su hijo, identificado como Ricky R. M., también se determinó la detención domiciliaria, el pago de una fianza de Bs 30.000, arraigo y la presentación ante el Ministerio Público una vez al mes para el registro biométrico.
La autoridad judicial no estableció riesgo de fuga para los coimputados, ya que, en base a informes de la Dirección General de Migración, no se registra ningún movimiento migratorio que haga presumir una posible salida del país.
Ríos fue imputado por los delitos de contratos lesivos al Estado, tráfico de influencias, asociación delictuosa, enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado y uso indebido de bienes y servicios públicos.
Según los antecedentes del caso, el dirigente suscribió un contrato administrativo para el arrendamiento de su almacén por un monto aproximado de Bs 19.200 mensuales, lo que en un periodo de diez meses habría significado ingresos de Bs 192.000. Posteriormente, también se habría beneficiado de un contrato de transporte para trasladar harina de trigo desde Caracollo hasta Oruro, por un monto de Bs 299.997,50.
De acuerdo con la autoridad jurisdiccional, ambos contratos habrían ocasionado un daño económico al Estado, cuya suma exacta será determinada en el transcurso de la etapa investigativa. Para la Fiscalía, en este caso se habría conformado un “clan familiar” que se benefició indebidamente de la harina subvencionada proporcionada por Emapa.
