En un hecho considerado inédito por los propios vecinos, un interventor judicial ingresó a la Urbanización CORTEZ para asumir el control administrativo del proyecto, luego de que un juez autorizara la medida ante la falta de respuestas, transparencia y soluciones por parte de los responsables históricos: Carlos Alberto Terrazas y Jorge Antonio Terrazas.
La decisión judicial se tomó tras constatarse un problema que se arrastra desde hace años: más de 6.000 minutas sin firmar, miles de compradores imposibilitados de regularizar la titularidad de sus lotes, y una administración que, pese a reiteradas exigencias vecinales, no presentó informes claros sobre el manejo de los recursos económicos.
*Una intervención que abre una investigación profunda*
La presencia del interventor marca el inicio de una etapa decisiva para determinar el destino de los montos cobrados por concepto de firma de minutas, trámites y otros pagos realizados por los propietarios. La gran interrogante que el proceso busca resolver es directa y contundente: ¿Dónde está el dinero correspondiente a las 6.000 minutas que nunca se firmaron?
Fuentes próximas al proceso explicaron que la intervención permitirá acceder a documentación interna y estados contables que, hasta ahora, no habían sido puestos a disposición de los vecinos ni de la justicia. La ausencia de cualquier rendición de cuentas por parte de los hermanos Carlos Alberto y Jorge Antonio Terrazas Cortez generó preocupación y tensión creciente en la urbanización, cuyos habitantes han denunciado durante años falta de transparencia.
*Vecinos esperan respuestas y responsabilidades*
Entre los principales puntos que deberán esclarecerse se encuentran:
- El uso real de los recursos recaudados.
- Las razones administrativas o económicas detrás de la falta de firma de más de 6.000 minutas.
- La posible responsabilidad individual de Carlos Alberto “Tico” Terrazas y Jorge Antonio Terrazas en las presuntas irregularidades.
Compradores y excolaboradores coincidieron en que este es el momento para conocer la verdad y establecer responsabilidades, luego de una gestión catalogada como una de las más cuestionadas del sector inmobiliario cruceño.
*Auditorías, revisión documental e identificación de responsables*
Con la intervención ya instalada en oficinas, se prevé la ejecución de una serie de medidas formales, entre ellas:
- Auditorías financieras para rastrear el flujo del dinero recibido.
- Revisión completa de documentos administrativos y archivos internos.
- Investigación sobre movimientos económicos realizados durante los últimos años.
- Determinación de responsabilidades civiles y penales, en caso de que corresponda.
Por primera vez, la administración de Urbanización CORTEZ deberá responder ante la justicia y ante las miles de familias que depositaron su confianza en el proyecto.
*Afectados exigen soluciones inmediatas*
Entre los vecinos predomina la expectativa de que esta intervención permita avanzar con la tan esperada regularización documental, especialmente la firma de minutas que quedó paralizada durante años.
“Es un alivio. Por fin alguien entró a poner orden”, comentó uno de los afectados, quien adquirió un lote hace casi una década sin poder obtener su documentación definitiva.
Las más de 6.000 familias involucradas consideran que este podría ser un punto de quiebre que marque el “inicio del fin” de una etapa caracterizada por presuntas irregularidades, falta de información y una administración hermética.
Mientras tanto, la tarea del interventor recién comienza, y con ella, una investigación que podría cambiar la historia de uno de los desarrollos urbanísticos más grandes —y más conflictivos— de la ciudad.
