La Paz – El presidente Rodrigo Paz y su gabinete de ministros aprobaron el pasado 8 de diciembre un decreto supremo que declara el uso de las vacaciones de los funcionarios públicos como irrenunciable, dejando sin efecto la medida del anterior gobierno de Luis Arce, que permitía el pago en efectivo de las vacaciones no utilizadas.
El decreto modifica disposiciones del Estatuto del Funcionario Público y justifica la eliminación del beneficio económico con argumentos vinculados a la situación fiscal del país, señalando “recursos públicos limitados, incremento de obligaciones de pago heredadas y compromisos de gasto inflexible, subvenciones y programas sociales” que dificultarían mantener el plan aplicado por la administración Arce.
La nueva norma establece que el derecho a la vacación es obligatorio y no puede ser sustituido por compensación monetaria, excepto en casos específicos: fallecimiento del funcionario (a favor de los herederos), extinción de la entidad, destitución, renuncia, o por sentencia judicial ejecutoriada. En estas situaciones, las entidades públicas deberán realizar el pago correspondiente en un plazo máximo de 12 meses.
Asimismo, el decreto aclara que, en casos de destitución, renuncia o cierre de la entidad, el pago por vacaciones no utilizadas debe realizarse de oficio, sin necesidad de que el funcionario presente una solicitud.
Esta medida contrasta con el Decreto Supremo N° 5470, aprobado por el gobierno de Luis Arce en octubre, que instruía a todas las instituciones públicas cancelar las vacaciones acumuladas en un plazo de 45 días calendario, permitiendo así la compensación económica por los días no utilizados.
