El diario estadounidense The New York Times destaca que en la renovada acusación por narcotráfico contra el derrocado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el Departamento de Justicia de Estados Unidos abandonó la afirmación repetida desde la administración de Donald Trump sobre la existencia del llamado Cartel de los Soles, grupo con el que vinculó al líder chavista. En el nuevo documento, la fiscal general Pam Bondi se refiere a esta estructura como un “sistema de clientelismo” y “cultura de corrupción”, un cambio que podría ser clave para el desarrollo del caso.
Desde 2020, el Departamento de Justicia había señalado al Cartel de los Soles como un supuesto grupo criminal dedicado al narcotráfico, con Maduro como cabecilla. Sin embargo, en las 25 páginas de la nueva acusación, publicada el 3 de enero de 2026, ya no se lo menciona como organización criminal tangible ni como “terrorista”, a diferencia de la designación oficial del Departamento de Estado el 24 de noviembre de 2025.
El documento detalla que:
“Nicolás Maduro Moros, el acusado —al igual que el expresidente Chávez— participa, perpetúa y protege una cultura de corrupción en la que las poderosas élites venezolanas se enriquecen mediante el narcotráfico y la protección de sus socios narcotraficantes. Las ganancias fluyen hacia funcionarios civiles, militares y de inteligencia corruptos, quienes operan en un sistema clientelar dirigido por los de arriba, conocido como el Cartel de los Soles, en referencia a la insignia del sol que lucen los uniformes de los altos mandos militares venezolanos”.
En entrevista con el periódico, Elizabeth Dickinson, subdirectora para América Latina del International Crisis Group, señaló que la nueva descripción es más “fiel a la realidad” en comparación con la acusación de 2020, aunque aclaró que las designaciones aún no deben probarse en tribunal y reconoció que probablemente EE. UU. no podría sustentarlas legalmente.
Pese a no calificar al Cartel de los Soles como organización tangible, la acusación apunta contra Maduro con graves cargos de narcoterrorismo, vinculándolo con grupos criminales como los mexicanos Cartel de los Zetas, Cartel de Sinaloa y Cartel del Golfo, las guerrillas colombianas ELN y las disidencias de las FARC, así como el grupo venezolano Tren de Aragua, este último considerado “organización terrorista” por la administración Trump en 2025.
El documento sostiene que Maduro habría usado su cargo para beneficiarse a sí mismo y a su familia mediante corrupción y narcotráfico, generando un ciclo de enriquecimiento ilícito que favorece a narcotraficantes violentos operando en Venezuela y que facilitan el tráfico de cocaína hacia Estados Unidos.
Mientras tanto, el fiscal general de Venezuela, Tarek Saab, solicitó a la justicia estadounidense que reconozca la falta de jurisdicción y la inmunidad procesal de Maduro como jefe de Estado. La defensa buscaría sostener este argumento, pero la acusación califica a Maduro como un líder “ilegítimo”, recordando precedentes de líderes derrocados, como Manuel Noriega en Panamá, cuyo argumento de inmunidad tampoco prosperó ante la justicia estadounidense.
Esta actualización de la acusación marca un giro en la estrategia del Departamento de Justicia, alejándose de la narrativa del Cartel de los Soles para centrarse en corrupción estructural y clientelismo, mientras mantiene los cargos más severos por narcotráfico y vínculos con organizaciones criminales internacionales.
