Mediante un pronunciamiento público, la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y las nueve asociaciones departamentales de periodistas del país rechazaron de manera enérgica las agresiones verbales y descalificaciones dirigidas a la prensa por parte del vicepresidente Edmand Lara, emitidas en recientes declaraciones públicas.
El pronunciamiento surge luego de que Lara, consultado por periodistas sobre la posibilidad de promover una ley para anular los decretos firmados durante el gobierno de Evo Morales que autorizaron la explotación petrolera en áreas protegidas, entre ellas la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía, respondiera de forma airada y acusara a la prensa de “mentir” y “defender lo indefendible”.
“Hermano, no mientan, no hay un contrato para hacer la perforación que hoy día se llama DMO-X3. No hay (…) La prensa también no se preste a mentiras”, afirmó Lara, exigiendo además pruebas de la consulta previa a las comunidades involucradas y reiterando que no se engañe a la población.
Ante estas declaraciones, los gremios periodísticos recordaron que los medios de comunicación han realizado una cobertura permanente, crítica y documentada del conflicto en Tariquía, el cual —subrayaron— no es nuevo, sino que se remonta al menos a 2015, cuando se aprobó el Decreto Supremo 2366, que habilitó actividades hidrocarburíferas dentro de áreas protegidas.
“Lamentamos que el vicepresidente desconozca la cobertura periodística sobre este conflicto de interés nacional, que involucra derechos ambientales, derechos de los pueblos indígenas, la consulta previa y la protección del patrimonio natural de todas y todos los bolivianos”, señala el pronunciamiento.
En ese marco, la ANPB y las asociaciones departamentales exhortaron a Lara y a todas las autoridades del Estado a reconocer y respetar la labor periodística como un pilar fundamental de la transparencia y la rendición de cuentas. Asimismo, pidieron evitar calificativos estigmatizantes que deslegitiman el periodismo y ponen en riesgo el libre ejercicio del derecho a informar.
Finalmente, los gremios instaron a que las discrepancias con la prensa sean canalizadas mediante argumentos fundamentados, datos públicos y diálogo institucional, y no a través de descalificaciones.
