El diputado oficialista por la alianza Unidad, Alejandro Reyes, arremetió contra el vicepresidente Edmand Lara, a quien acusó de actuar como vocero del expresidente Evo Morales en las ciudades, luego de que asumiera una posición de rechazo al anteproyecto de ley antibloqueos que busca endurecer las sanciones penales contra el bloqueo de caminos.
La crítica del legislador refleja un nuevo quiebre en las tensiones internas del oficialismo, después de que Lara se declarara opositor al gobierno del presidente Rodrigo Paz, argumentando diferencias en la conducción del Estado.
Reyes sostuvo que la postura del vicepresidente contradice su discurso de campaña, cuando calificaba los bloqueos como delitos. “Hoy, desde el ejercicio del poder, cambia completamente de posición”, afirmó.
“Lastimosamente, el señor Edmand Lara prefiere defender lo indefendible. Está más que claro que la ley antibloqueos busca, primero, resguardar los derechos de todos los bolivianos de bien y, por supuesto, sancionar lo criminal: el secuestro, la tortura, el asesinato, el cobro ilegal de peajes y el impedir el paso de ambulancias”, declaró el diputado.
El legislador señaló que el derecho internacional considera estas prácticas como actos ilícitos que vulneran el libre tránsito y otros derechos fundamentales. En ese sentido, cuestionó que Lara, al rechazar la norma, deje en indefensión a la ciudadanía afectada por los bloqueos y retire respaldo jurídico a la Policía Boliviana, que —dijo— requiere un marco legal claro para intervenir con uso proporcional de la fuerza.
El debate se retoma este martes
El proyecto de ley antibloqueos volverá a ser tratado desde este martes en la Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados, donde se retomará el análisis de la iniciativa que propone tipificar los bloqueos de vías como delitos penales.
El diputado Carlos Alarcón (Unidad), uno de los proyectistas de la norma en la Cámara Baja, afirmó que “durante más de 30 años se ha hecho creer que el bloqueo es un derecho constitucional, cuando en realidad es una medida violenta que afecta a ciudadanos inocentes”.
La propuesta legislativa plantea sanciones diferenciadas según el grado de participación y el nivel de violencia: penas de 3 a 6 años de cárcel para bloqueadores; de 5 a 8 años para instigadores y financiadores; y de 10 a 20 años de prisión en casos de bloqueos violentos que atenten contra la integridad física de las personas o contra bienes públicos y privados.
La norma establece sanciones para quienes impidan el libre tránsito, la circulación de bienes y productos, o interrumpan servicios esenciales. Alarcón remarcó que los principales perjudicados por los bloqueos “son ciudadanos que no tienen relación alguna con los reclamos de los manifestantes”.
Mientras la Cámara de Diputados avanza con el tratamiento del proyecto, el pleno de la Cámara de Senadores remitió una iniciativa similar a comisión, al considerar que la penalización de los bloqueos requiere un análisis amplio y la participación de distintos sectores sociales.
