El presidente Rodrigo Paz obtuvo dos resoluciones favorables en la batalla judicial en torno al Decreto Supremo 5515, norma que autoriza al mandatario a ejercer sus funciones mediante medios tecnológicos. Este martes, la Sala Constitucional Tercera de El Alto negó la tutela solicitada por el abogado Wilmer Vásquez, quien presentó una acción constitucional contra el decreto.
Tras la audiencia, la Sala determinó que el recurso interpuesto no es el mecanismo constitucional adecuado para evaluar la compatibilidad de una norma con la Constitución Política del Estado (CPE). El fallo establece que cualquier análisis de fondo sobre la legalidad del DS 5515 debe ser resuelto por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), por lo que el decreto continúa vigente.
La acción fue presentada contra el primer mandatario y otras autoridades del Estado, y había sido admitida el pasado 14 de enero, luego de que el accionante subsanara observaciones formales.
Este no es el primer revés judicial para Vásquez. Semanas atrás, el mismo jurista presentó una acción similar en Santa Cruz, que también fue rechazada. “El 9 de enero, una Sala Constitucional del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz le dijo a este mismo accionante: ‘Esta no es la vía, no le puedo conceder la tutela’”, afirmó el viceministro de Transparencia, Yamil García.
Vásquez argumentó que el DS 5515 vulnera la CPE y sostuvo que las decisiones adoptadas bajo esta modalidad serían nulas. Asimismo, recordó que anteriormente interpuso una acción popular contra el ya abrogado Decreto Supremo 5503, que también fue rechazada por una sala constitucional en Santa Cruz.
Pese a las negativas en las salas constitucionales de La Paz y Santa Cruz, el futuro del decreto podría definirse en el TCP, donde se presentaron dos acciones de inconstitucionalidad. Sin embargo, este órgano se encuentra actualmente paralizado, debido a que solo cuenta con cuatro magistrados y no tiene quórum para sesionar en sala plena.
Proyecto de ley para abrogar el decreto
En paralelo al proceso judicial, la diputada de la Alianza Popular, Claudia Herbas, presentó ante la Cámara de Diputados un proyecto de ley para abrogar el Decreto Supremo 5515. La legisladora afirmó que la norma es inconstitucional porque vulnera la organización del Estado y desnaturaliza la sucesión presidencial.
“Este proyecto de ley está siendo rechazado porque vulnera nuestra Constitución Política del Estado y la organización del Estado. Desnaturaliza lo que establece el artículo 169, parágrafo II, de la CPE, que regula la sucesión presidencial cuando el Presidente no está”, manifestó Herbas, al señalar que la iniciativa legislativa busca dejar sin efecto el decreto.
