El Gobierno de Bolivia se encuentra en una encrucijada respecto a los contratos de explotación de litio suscritos por la administración anterior con empresas de China y Rusia. Si bien reconoce que esos acuerdos comprometen la “fe del Estado”, no descarta la posibilidad de denunciarlos o romperlos si se detecta daño económico para el país.
El ministro de Economía, Gabriel Espinoza, informó este jueves en contacto con ERBOL que los convenios, que fueron aprobados de manera reservada, están siendo analizados “de manera técnica y legal”.
Espinoza cuestionó que se haya dispuesto de recursos naturales bajo reserva y señaló que debería prohibirse ese mecanismo. Sin embargo, lamentó que en este caso ya se haya comprometido la confianza estatal.
“Lamentablemente en este caso se comprometió la fe del Estado”, afirmó el ministro, en el programa La Mañana en Directo.
Cautela por la imagen internacional
El ministro explicó que el Gobierno es cuidadoso al hablar de la validez de los contratos porque Bolivia tiene una trayectoria marcada por el incumplimiento de acuerdos, lo que ha deteriorado la confianza en el país.
“No podemos seguir en esa dinámica de deterioro de la confianza que se tiene en Bolivia, no como gobierno sino como país”, indicó.
Posible ruptura si hay daño económico
A pesar de reconocer la fe del Estado, Espinoza aclaró que la evaluación podría derivar en denuncias o en la ruptura de los contratos si se encuentran elementos que comprometan recursos o generen perjuicio económico.
“Si se encuentra cosas que comprometen los recursos o que generan daño económico al país, pues ahí evidentemente serán denunciadas y se romperán los contratos o se tomará el mejor camino posible”, señaló.
Contratos aún no aprobados
Los acuerdos con empresas chinas y rusas corresponden al Gobierno del expresidente Luis Arce, pero aún no fueron aprobados por la Asamblea Legislativa para su ejecución.
Polémica por declaraciones oficiales
El tema volvió a la escena pública tras las declaraciones del ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, quien aseguró que se respetarían los contratos. Esto generó críticas, como las de la diputada potosina Lissa Claros, que rechazó los acuerdos y pidió la renuncia del ministro.
