El presidente Rodrigo Paz promulgó el sábado 7 de febrero la Ley 1709, que amplía de tres a seis meses la obligatoriedad de permanecer en el territorio nacional para exautoridades electas o designadas que hayan administrado recursos fiscales, con el objetivo de garantizar la rendición de informes y la transparencia en la transición de gestión.
La norma, impulsada desde el Legislativo, busca evitar que exautoridades del anterior gobierno abandonen el país; sin embargo, juristas consultados advirtieron que su aplicación para ese fin sería inviable debido a contradicciones internas y al principio constitucional de no retroactividad de la ley.
El artículo 1 establece que deben permanecer seis meses en Bolivia, tras dejar el cargo, autoridades como el Presidente, Vicepresidente, ministros, gobernadores, alcaldes, asambleístas y máximas autoridades de empresas e instituciones públicas, mixtas y privadas que administren recursos fiscales, con el fin de rendir informes a las nuevas autoridades y precautelar los intereses del Estado.
No obstante, el artículo 3 de la misma norma mantiene el plazo de tres meses de permanencia obligatoria para esas autoridades, lo que genera inconsistencias en la interpretación del tiempo que debe cumplirse.
Además, especialistas recordaron que la Constitución Política del Estado establece que la ley rige hacia el futuro y no tiene efecto retroactivo, salvo excepciones específicas en materia laboral, penal o de corrupción.
En ese marco, señalaron que la Ley 1709 solo puede aplicarse a partir de su promulgación, el 7 de febrero, por lo que no alcanzaría a exautoridades del periodo anterior que ya dejaron sus funciones antes de la entrada en vigencia de la norma.
