Los recientes decretos que modifican la estructura de la Vicepresidencia evidencian las tensiones entre el presidente Rodrigo Paz y el vicepresidente Edmand Lara, y provocarán un debilitamiento institucional de esa instancia, que ahora dependerá administrativamente del Ministerio de la Presidencia, a cargo de José Luis Lupo, según el analista político Armando Ortuño.
Ortuño afirmó que, más allá de la discusión jurídica, los decretos envían una “señal política de debilitamiento de la Vicepresidencia” y de imposición de “trabas a su acción”.
“Sí es llamativo que se debilite la capacidad de ejecución, de acción y de control que tiene que tener una entidad como la Vicepresidencia, y que se debilite además su autonomía, que tengas que hacer procesos administrativos dependiendo de un ministerio que es de un rango inferior, digamos, es extraño”, sostuvo.
“Lamentablemente me da la impresión que esto tiene que ver más con los problemas personales entre el presidente y el vicepresidente”, agregó.
De acuerdo con los decretos, la Vicepresidencia mantendrá sus funciones de coordinación y gestión parlamentaria; sin embargo, su estructura administrativa, su personal y los mecanismos de control interno pasarán a depender del Ministerio de la Presidencia. Además, no contará con representaciones regionales ni instancias propias fuera del nivel central.
Para Ortuño, si bien no puede afirmarse que exista una vulneración constitucional directa, resulta llamativo que la Vicepresidencia deje de contar con una estructura administrativa mínimamente independiente, tomando en cuenta que en el país existen diversas instituciones autónomas con administración propia.
El analista descartó que las medidas conviertan a Lupo en un “vicepresidente de facto”, como sostuvieron algunos actores políticos, o que los decretos le otorguen formalmente ese rango. No obstante, consideró que el conjunto de decisiones sí reduce la capacidad de acción y ejecución de la Vicepresidencia.
“Uno no puede debilitar y dañar las instituciones por el comportamiento de alguna persona y entonces a partir de eso decir que hay que quitarle poder. Eso no funciona en ninguna parte del mundo. Hay que respetar la institución más allá que la persona”, enfatizó.
Según Ortuño, el escenario actual refleja un deterioro en la relación entre ambas autoridades y subraya la necesidad de “madurez y responsabilidad” para garantizar el funcionamiento adecuado del Estado.
