El Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra rechazó este jueves activar la designación de un alcalde suplente, pese a que una juez determinó la detención preventiva del titular, Jhonny Fernández, en el marco de un proceso judicial en su contra.
La autoridad edil fue enviada a la cárcel mientras se desarrollan las investigaciones. Ante esta situación, el Ejecutivo municipal difundió un comunicado en el que fija una “posición clara desde el principio de legalidad y el respeto al mandato democrático”.
En el pronunciamiento, la Alcaldía subraya que la detención preventiva es una medida cautelar y no constituye destitución, suspensión ni pérdida de derechos políticos. Asimismo, enfatiza que no equivale a una sanción ni implica, por sí misma, inhabilitación para el ejercicio del cargo.
Bajo ese argumento, descarta que la situación judicial del alcalde implique de manera automática la necesidad de nombrar a una autoridad suplente.
El comunicado también hace referencia a la Ley 482 de Gobiernos Autónomos Municipales y sostiene que dicha norma no establece que la detención preventiva sea causal automática de suplencia en el cargo.
El Ejecutivo municipal asegura que no existe “vacío de poder” ni paralización institucional. Recuerda que el Órgano Ejecutivo Municipal no es una estructura unipersonal, sino que está conformado por secretarios municipales y una estructura administrativa que —según señala— garantiza la continuidad operativa, financiera y administrativa.
“La institucionalidad municipal continúa funcionando con normalidad”, indica el documento oficial.
Finalmente, el Gobierno municipal afirma que su postura no responde a la defensa de una persona en particular, sino al respeto del principio democrático y de la legalidad en relación con el mandato conferido por voto popular.
