Documentación del Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes) evidencia un presunto daño económico de 1.130.241 bolivianos en la construcción de la “Planta de Tratamiento de Aguas Industriales y Residuos Sólidos Orgánicos del Matadero Municipal de Tarija”, obra ejecutada durante la gestión del alcalde de Tarija, Jhonny Torres.
El 9 de agosto de 2023, la autoridad municipal firmó la minuta de contrato (CUCE: 23-1601-00-1340094-1-1) para la construcción de la infraestructura con un monto inicial de 7.537.639 bolivianos. Sin embargo, posteriormente se aprobaron cuatro contratos modificatorios que incrementaron el costo de la obra en casi un 15%, superando el límite del 10% permitido en el acuerdo original.
La cláusula trigésima del contrato establece que este tipo de modificaciones solo pueden alcanzar hasta el 10% del monto original, de manera independiente a la emisión de órdenes de cambio.
Además de los contratos modificatorios, el proyecto registró dos órdenes de cambio y una orden de trabajo que ampliaron el plazo de ejecución en 198 días calendario adicionales. Inicialmente, la obra debía ser concluida en 271 días, pero terminó entregándose tras 469 días.
Como resultado de estas modificaciones, el costo final de la obra alcanzó los 8.667.880 bolivianos, es decir, 1.130.241 bolivianos más que el monto original. De acuerdo con el contrato, el incremento máximo permitido debía ser de 753.763 bolivianos, equivalente al 10% del presupuesto inicial.
Cambios sin respaldo técnico
Según la documentación revisada, los cuatro contratos modificatorios fueron justificados por la “redistribución de cantidades, incremento de ítems e incremento del monto del contrato”. Sin embargo, en los folios revisados no figuran informes técnicos ni jurídicos que respalden dichas modificaciones.
De igual manera, las órdenes de cambio y la orden de trabajo que extendieron el plazo de la obra se fundamentaron en la paralización de los trabajos por el incremento de ítems, pero tampoco incluyen informes técnicos o legales que sustenten esa decisión.
La administración municipal también tenía la opción de rescindir el contrato. La cláusula vigésima primera, inciso f, establece como causal la rescisión por “incumplimiento injustificado del cronograma de ejecución de obra sin que el contratista adopte medidas necesarias y oportunas para recuperar su demora”.
En ese sentido, la creación de nuevos ítems no constituiría un argumento técnico o jurídico suficiente para suspender la ejecución del proyecto ni para ampliar su plazo en 198 días adicionales, según se desprende del análisis de la documentación.
