El procurador general del Estado, Hugo León, declaró la incompetencia de la Defensoría del Pueblo dentro de la acción ambiental precautoria presentada para suspender las actividades de exploración hidrocarburífera en la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía, en el departamento de Tarija.
La acción fue interpuesta por la Defensoría del Pueblo de Bolivia contra el Ministerio de Hidrocarburos y Energía de Bolivia, la empresa Petrobras y otras entidades, con el objetivo de suspender las actividades de exploración del proyecto Domo Oso X3 dentro del bloque hidrocarburífero San Telmo Norte.
Según el recurso de reposición bajo alternativa de casación presentado por la Procuraduría, la pretensión de la Defensoría de fiscalizar la consulta previa y la licencia ambiental implica revisar la legalidad de actos administrativos emitidos por la Autoridad Ambiental Competente Nacional, lo cual —señala— no corresponde a un juez de instrucción agroambiental.
“El control de legalidad de una licencia ambiental emitida por una autoridad nacional es competencia del Tribunal Agroambiental mediante un proceso contencioso administrativo, conforme establecen la Ley 025 del Órgano Judicial y la Ley 1715”, señala el documento.
Acción presentada por la Defensoría
El defensor del pueblo, Pedro Callisaya, presentó el 9 de enero ante el Juzgado Agroambiental de Entre Ríos, en Tarija, una solicitud de medidas cautelares ambientales para suspender temporalmente la ejecución del proyecto de perforación exploratoria del pozo Domo Oso X3, ubicado en la provincia O’Connor.
La acción defensorial busca prevenir posibles vulneraciones a derechos ambientales y al territorio, debido a presuntas irregularidades en el proceso de consulta pública y en la emisión de la licencia ambiental.
Callisaya explicó que la medida responde a preocupaciones sobre el posible incumplimiento de estándares internacionales relacionados con el derecho a la consulta previa, lo que podría generar impactos ambientales en la reserva natural.
Argumentos de la Procuraduría
En el recurso judicial al que accedió ANA, la Procuraduría sostiene que el juez estaría extralimitando sus funciones al intentar analizar el fondo del proceso de consulta previa, una competencia que correspondería a instancias superiores una vez agotada la vía administrativa.
En ese sentido, cita el Auto Agroambiental Plurinacional S1 Nº 05/2021, que establece que los jueces agroambientales solo pueden dictar medidas precautorias para evitar un daño inminente, pero no revisar la legalidad de actos administrativos nacionales.
Asimismo, el recurso recuerda que la empresa Petrobras obtuvo la licencia ambiental conforme a los procedimientos establecidos por la Ley 1333 de Medio Ambiente, y que dicho documento no ha sido revocado ni anulado.
“La licencia ambiental es un acto administrativo que genera efectos jurídicos obligatorios y se presume legítimo conforme al artículo 27 de la Ley de Procedimiento Administrativo”, señala el documento.
Cuestionamientos de defensores de Tariquía
Por su parte, organizaciones y defensores de la reserva respaldan la acción de la Defensoría del Pueblo, argumentando que las licencias ambientales de los pozos Domo Oso X1, X2 y X3 se habrían obtenido mediante procesos de consulta viciados y realizados de mala fe.
Según denuncian, los procedimientos habrían generado divisiones en las comunidades y procesos penales contra personas que se oponen a la actividad petrolera.
Los defensores también sostienen que el Estado y las empresas estarían tratando el pozo Domo Oso X3 como un proyecto aislado —al ubicarse fuera del límite formal de la reserva— cuando en realidad forma parte del bloque hidrocarburífero San Telmo Norte, cuyos pozos atraviesan la reserva de norte a sur.
En ese contexto, argumentan que corresponde aplicar el derecho a la consulta previa, libre e informada, reconocido en instrumentos internacionales como el Organización Internacional del Trabajo mediante el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Audiencias programadas
Según los antecedentes del proceso, el Juzgado Agroambiental fijó una audiencia de inspección en el área del proyecto para el 16 de marzo de 2026, mientras que la audiencia pública fue programada para el 24 de marzo a las 09.00.
Además, se determinó que la medida cautelar inicial ya habría caducado por el transcurso del tiempo, por lo que no existiría efecto jurídico vigente que levantar.
