El Fiscal General del Estado, Roger Mariaca Montenegro, realizó la presentación oficial del “Protocolo de Acceso a la Justicia Penal Interjurisdiccional, de Coordinación y Cooperación entre el Ministerio Público y la Jurisdicción Indígena Originaria Campesina (JIOC)”, instrumento que busca materializar el sistema de justicia plural en Bolivia y garantizar una coordinación efectiva entre ambas jurisdicciones.
«Tengo el compromiso absoluto y la responsabilidad plena de impulsar una verdadera transformación de la justicia penal, seguro de fortalecer la confianza de la población hacia el Ministerio Público, dejando atrás la burocracia tradicional, para lograr una institución de puertas abiertas centrada en la atención a las personas usuarias y al mundo litigante; permanezco con la firme convicción de trabajar por una justicia más humana, transparente y con modernidad tecnológica para los bolivianos, garantizando el acceso a la justicia a través de las distintas jurisdicciones», aseguró Mariaca.
La autoridad explicó que, el Protocolo avanza en cuatro dimensiones clave: incorpora una conceptualización coherente del rol del Ministerio Público dentro del pluralismo jurídico; redefine los lineamientos para procesos penales que involucren a personas indígena originario campesinas conforme a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional; regula la actuación institucional frente a denuncias por hechos ocurridos en territorios indígenas, respetando la cosa juzgada y el reconocimiento de decisiones comunitarias; y establece mecanismos claros de coordinación y cooperación entre ambas jurisdicciones bajo principios de equidad, transparencia, solidaridad y celeridad.
A su turno, el Presidente del Tribunal de Justicia Indígena de la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente, Chaco y Amazonía de Bolivia (CIDOB), Hugo Molina Yarucari, expresó su agradecimiento a las autoridades de la Fiscalía General del Estado, por su apertura de coordinación y lograr un Protocolo muy importante, «prácticamente por más de un año se ha recogido los insumos necesarios entre el Ministerio Público y la justicia indígena originaria campesina y desde hoy en adelante este protocolo ya entra en vigencia y tiene que llegar a todas las autoridades fiscales donde estamos instalados para empezar a aplicarse», sostuvo.
El nuevo Protocolo se constituye en una herramienta institucional de apoyo para las y los Fiscales de Materia, especialmente de provincia, con el objetivo de fortalecer la seguridad jurídica, prevenir conflictos de competencia y garantizar que la actuación fiscal se desarrolle en armonía con la normativa vigente y con pleno respeto a la jurisdicción indígena originaria campesina, conforme lo establecido en la Constitución Política del Estado.
El acto que reunió a autoridades y miembros de las Naciones y Pueblos Indígenas, representantes de la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (CIDOB), del Tribunal de Justicia Indígena, autoridades del Ministerio Público, entre otros en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra
