El fiscal general Roger Mariaca aclaró que uno de los inmuebles allanados en el marco de las investigaciones contra Sebastián Marset ya había sido precintado previamente en un proceso distinto por portación ilegal de arma de fuego, buscando despejar la controversia generada en torno al caso.
La precisión surge luego de que el comandante de la Policía Boliviana, Mirko Sokol, afirmara que una fiscal en Santa Cruz ordenó no ingresar al inmueble y dispuso su precintado sin dejar custodia policial. Según su versión, el personal fue retirado del lugar para atender otro operativo, lo que habría permitido el ingreso de terceros que sustrajeron bienes.
Ante estas declaraciones, Mariaca sostuvo que el caso en el que se dispuso el precintado “no tenía nada que ver” inicialmente con la investigación contra Marset. Explicó que la medida fue coordinada entre el policía asignado al caso, personal de escena del crimen y la fiscal encargada de delitos vinculados a la Ley 400 de armas.
El fiscal general detalló que el inmueble fue identificado mediante georreferenciación dentro de una investigación previa y que la solicitud formal para su precintado se realizó el 12 de marzo, ejecutándose el 14 de marzo, un día después de la captura de Marset. En ese sentido, remarcó que la acción no estuvo originalmente vinculada al operativo contra el narcotraficante.
No obstante, en el avance de las investigaciones, las autoridades establecieron que dicho inmueble tendría conexión con la estructura de Marset, lo que derivó posteriormente en nuevos allanamientos.
La controversia entre autoridades se intensificó tras reportarse un presunto robo en el domicilio ubicado en la avenida Mapaizo, doble vía La Guardia. Sobre este punto, Mariaca informó que ya se identificó a una persona que habría retirado objetos del inmueble.
“Se pudo dar con el paradero de la persona que habría realizado este hecho de llevarse las cosas que había en ese inmueble (…) identificado como el número 1050”, señaló, al precisar que el caso continúa en investigación.
