La Comunidad Boliviana de Sobrevivientes (CBS) denunció que durante más de 50 años Bolivia fue utilizada como un “vertedero” para trasladar a sacerdotes jesuitas con antecedentes de abusos sexuales en colegios de Cataluña.
El jurista Alejandro Klock Varas, representante de la CBS, explicó que se exige al Síndic de Greuges y al Parlament de Catalunya la apertura de una investigación sobre la supervisión de los centros educativos jesuitas, además de una respuesta institucional frente a estos hechos.
Según la denuncia, el caso involucraría a al menos una veintena de religiosos acusados de abuso y cerca de mil víctimas en Bolivia, además de centenares en España. La Compañía de Jesús reconoce al menos 145 casos y 44 agresores en Cataluña.
Una “política organizada”
De acuerdo con el informe elaborado por Klock, no se trataría de hechos aislados, sino de una “política organizada” por la Provincia Tarraconense de los jesuitas. El mecanismo consistía en trasladar a sacerdotes denunciados en colegios de Barcelona —como los centros de la calle Casp o Sarrià— hacia misiones en Bolivia, en lugar de reportarlos a la justicia.
En territorio boliviano, las víctimas —muchas de ellas en situación de alta vulnerabilidad, incluyendo menores indígenas y huérfanos— habrían sido nuevamente expuestas a estos agresores, quienes continuaban cometiendo delitos con impunidad.
Casos señalados
El informe detalla varios nombres:
- Lluís Tó: condenado en Barcelona en 1992 por abuso, fue trasladado a Bolivia en lugar de ser apartado definitivamente.
- Francesc Peris: con denuncias desde los años 70, fue enviado a Bolivia en 1983, donde habría continuado abusando de menores.
- Lluís María Roma: señalado por abusar de más de 70 niñas indígenas y registrar los hechos.
- Paco Roma: también identificado como abusador, habría participado en estos delitos en Bolivia.
Cuestionamientos a autoridades
Las denuncias también apuntan a presuntos encubrimientos por parte de altos cargos eclesiásticos en Cataluña. Entre los señalados figura Jordi Bertomeu Farnós, quien fue enviado por el Vaticano a investigar los casos en Bolivia. Según el informe, pese a haber recopilado testimonios y revisado archivos, no habría colaborado con la justicia civil española.
Exigen investigación internacional
Las víctimas buscan que el Parlament catalán conforme una comisión de investigación y que el Síndic de Greuges esclarezca por qué se permitió el traslado sistemático de religiosos denunciados durante décadas.
Klock afirmó que “Cataluña debe saber que aquí está el origen del mayor caso de pederastia de América Latina”. Asimismo, recordó que en 2025 ya existe una sentencia en Bolivia que condena a exautoridades jesuitas catalanas por encubrimiento, lo que —según la CBS— respalda la veracidad de las denuncias.
