La Defensoría del Pueblo informó este lunes que entre abril y junio se registraron 246 hechos de conflictividad en el país, de los cuales 212 corresponden a conflictos activos y 34 a anuncios de futuras medidas de presión.
El defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, presentó el balance y señaló que la mayor concentración de conflictos se reportó en el departamento de La Paz.
“Se trata de 246 hechos de conflictividad, 212 conflictos activos, 34 anuncios de conflictividad. Estos 212 conflictos activos se han reportado en diferentes departamentos con un número mayor, una recurrencia mayor en el departamento de La Paz con 91 casos”, informó la autoridad.
Según los datos expuestos, Cochabamba registró 32 conflictos activos y Santa Cruz 23, mientras que el resto de los departamentos presentó cifras menores.
Respecto a las formas de protesta más utilizadas, Callisaya indicó que el bloqueo de caminos y vías fue la principal medida de presión adoptada por los sectores movilizados. Le siguieron los paros, las declaratorias de estado de emergencia, las tomas de instituciones y otras acciones de protesta.
En cuanto a la naturaleza de las demandas, la Defensoría identificó que la mayor parte de los conflictos estuvo relacionada con temas políticos y de gobernanza, que en conjunto sumaron 141 casos.
A ello se añadieron conflictos vinculados a asuntos económicos, con 20 registros; empleo y trabajo, con 15; y educación, con 10 casos, entre otras categorías.
La autoridad también señaló que entre los derechos más afectados durante estos episodios figuran los derechos económicos y sociales, así como aquellos relacionados con el trabajo, la educación y la salud.
Callisaya destacó que la Defensoría del Pueblo intervino en 127 de los 212 conflictos activos, lo que representa aproximadamente el 60% de los casos registrados durante el periodo analizado.
Finalmente, sostuvo que las cifras reflejan la necesidad de fortalecer los mecanismos de diálogo para prevenir y resolver las controversias sociales de manera oportuna.
“Hay la necesidad de generar un espacio que nos permita solucionar rápidamente, de manera dialogada, esta conflictividad que se presenta”, afirmó.
La Defensoría reiteró la importancia de promover procesos de concertación entre las partes involucradas con el fin de evitar la escalada de los conflictos y garantizar el respeto a los derechos de la población.
