Cocaleros de base del trópico de Cochabamba denunciaron públicamente la imposición de multas económicas por la inasistencia a vigilias y movilizaciones convocadas por la dirigencia de la Federación Chimoré.
De acuerdo con la información proporcionada al portal Altura Multimedia, los afiliados estarían siendo obligados a cancelar estas sanciones hasta este miércoles, como condición previa a la realización del congreso federativo, donde además se prevé la elección de un nuevo ejecutivo.
La denuncia ha generado preocupación entre las bases, que cuestionan la legalidad y legitimidad de estos cobros, señalando que se estarían imponiendo medidas coercitivas que vulneran la libertad de participación de los afiliados.
Asimismo, algunos sectores advierten que estas prácticas reflejan un manejo interno poco transparente y exigen una explicación clara por parte de los dirigentes de la federación.
En este contexto, surge una interrogante de fondo: ¿hasta qué punto estas sanciones responden a decisiones orgánicas legítimas y no a mecanismos de presión que limitan la autonomía de las bases?

