El Ministerio Público abrió tres investigaciones en Santa Cruz por el presunto reclutamiento de ciudadanos bolivianos para participar en conflictos bélicos en Rusia y Ucrania. Los casos involucran a 16 víctimas y, en una de las pesquisas, ya fue identificado un presunto intermediario.
La fiscal superior en Razón de Género, Alejandra Rocha, informó que las investigaciones fueron iniciadas por el delito de trata de personas con fines de reclutamiento para conflictos armados. Según detalló, la primera causa fue abierta en mayo, la segunda durante este mes y la tercera corresponde a una denuncia presentada en la comunidad de Rincón de Palometas.
Como parte de las indagaciones, la Fiscalía emitió requerimientos a empresas de telecomunicaciones y agencias de viaje con el objetivo de establecer el paradero de las presuntas víctimas, reconstruir sus desplazamientos y determinar quiénes participaron en la captación y traslado.
Asimismo, se activaron mecanismos de cooperación internacional a través de la Unidad de Asuntos Internacionales y de la Red Especializada en Trata y Tráfico de Personas (REDTRAM). Las solicitudes de información fueron dirigidas a la Cancillería boliviana, la Embajada de Rusia y autoridades de Perú, Colombia y Venezuela para verificar el destino de los ciudadanos reportados como desaparecidos y establecer posibles vínculos entre los distintos casos.
Rocha explicó que las investigaciones tienen un carácter transnacional, debido a indicios que apuntan a la posible existencia de organizaciones que utilizarían un mismo método para captar personas en varios países. Añadió que en el tercer caso ya fue identificado un presunto reclutador, mientras que las otras dos causas continúan contra autores aún no determinados.
Las denuncias cobraron notoriedad esta semana luego de que familiares de jóvenes que viajaron a Rusia reportaran la pérdida de contacto con sus seres queridos y solicitaran la intervención de las autoridades bolivianas. Una de las denunciantes señaló que su hermano aceptó una oferta económica para viajar al exterior y que dejó de comunicarse tras ser incorporado a una misión militar.
En medio de la controversia, la Embajada de Rusia en Bolivia rechazó cualquier relación con presuntas actividades de reclutamiento de ciudadanos bolivianos. Por su parte, el abogado peruano Marcelo Tataje, representante de familias afectadas en su país, alertó sobre una supuesta red internacional que captaría personas mediante ofertas laborales engañosas para enviarlas a zonas de combate, una hipótesis que ahora es objeto de investigación por parte de la Fiscalía boliviana.
