El Ministerio Público chileno aclaró que el caso continúa vigente y con diligencias en curso. En Bolivia, autoridades y representantes del sector forestal denuncian pérdidas millonarias y daño reputacional tras las acusaciones sobre una presunta carga de droga en madera exportada.
La Fiscalía Regional de Arica y Parinacota, en Chile, informó que la investigación relacionada con la presunta presencia de más de 100 toneladas de droga impregnada en cargamentos de madera exportada desde Bolivia continúa abierta y en etapa de investigación, pese a que en Bolivia diversos sectores ya califican el caso como un “falso positivo”.
“La Fiscalía Regional de Arica y Parinacota informa que respecto de la causa maderas impregnadas con droga mantiene esta investigación en calidad de vigente y con diligencias en curso. En este contexto, no habrá un pronunciamiento de la Fiscalía por ahora”, señala el comunicado difundido por el Ministerio Público chileno.
La aclaración surge en medio de las reacciones generadas en Bolivia tras conocerse que análisis realizados en laboratorios de Chile y Brasil no habrían encontrado evidencia de sustancias controladas en los cargamentos investigados.
Gobierno anuncia respaldo al sector forestal
El presidente Rodrigo Paz sostuvo que el caso ocasionó un importante perjuicio a empresas madereras bolivianas que durante décadas construyeron relaciones comerciales en mercados internacionales.
El mandatario anunció que el Gobierno impulsará acciones para fortalecer nuevamente la imagen del sector forestal y analizará mecanismos para resarcir los daños ocasionados, aunque insistió en mantener una relación de cooperación con Chile y Brasil.
La controversia comenzó el 8 de junio, cuando el fiscal regional de Arica informó sobre la supuesta detección de más de 100 toneladas de droga en cargamentos de madera procedentes de Bolivia. El anuncio provocó la paralización temporal de exportaciones y generó dudas sobre la industria forestal boliviana.
Investigación continúa en Bolivia
Mientras tanto, el fiscal departamental de Santa Cruz informó que la investigación en territorio boliviano también permanece abierta y que se solicitó a las autoridades chilenas el envío de muestras de madera para realizar contrapericias y contrastar los resultados obtenidos.
Las autoridades buscan establecer con precisión las circunstancias que dieron origen a las denuncias y determinar si existieron errores en los procedimientos de análisis o interpretación de los resultados.
Sector denuncia pérdidas millonarias
El gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Gary Rodríguez, calificó de infundadas las acusaciones realizadas inicialmente por el fiscal de Arica y afirmó que el sector forestal sufrió graves consecuencias económicas, sociales y reputacionales.
Según explicó, las exportaciones mensuales de madera disminuyeron de entre cuatro y cinco millones de dólares a poco más de un millón durante el periodo de incertidumbre generado por la investigación.
Por su parte, el gerente de la Cámara Forestal de Bolivia, Walter Rioja, aseguró que el sector atraviesa la peor crisis de los últimos años, con una reducción del 66% en las exportaciones y pérdidas estimadas en 183 millones de bolivianos en apenas tres meses.
Asimismo, sostuvo que más de 200.000 empleos vinculados a la actividad forestal estuvieron en riesgo debido a la paralización de operaciones y a la afectación de contratos internacionales.
Municipios piden disculpas o compensación
A las demandas del sector privado se sumaron autoridades municipales. El vicepresidente interino de la Asociación de Municipios de Santa Cruz (Amdecruz), Robert Schock, informó que los municipios productores de madera respaldan la exigencia de una disculpa pública internacional por parte de Chile o, en su defecto, una compensación por los daños ocasionados.
Los representantes del sector consideran que las acusaciones afectaron la credibilidad de la industria forestal boliviana en mercados internacionales y sostienen que cualquier reparación debe contemplar tanto las pérdidas económicas como el impacto sobre la imagen del país y de sus exportadores.
Mientras tanto, la investigación continúa en ambos países y las autoridades esperan los resultados de nuevas pericias para esclarecer definitivamente el caso.
