Nuevos antecedentes surgieron en torno al caso de las 31 maletas ingresadas al país por el aeropuerto internacional de Viru Viru y posteriormente desaparecidas, un hecho que continúa rodeado de interrogantes sobre el contenido del equipaje y la identidad de sus propietarios.
Una investigación impulsada por el diputado Rolando Pacheco identificó una presunta irregularidad relacionada con la aeronave que transportó las maletas el 29 de noviembre de 2025. Según documentación oficial, el operador que efectivamente realizó el vuelo no coincide con la empresa que obtuvo la autorización de ingreso y salida emitida por la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).
De acuerdo con un informe remitido por el presidente de la Aduana Nacional, Alberto Soto De la Vía, la autorización DGAC/ING/509/2025 fue otorgada para la aeronave Gulfstream V con matrícula N585JC a nombre de la empresa Southern Cross Aircraft LLC. Sin embargo, al momento de su arribo al país, la declaración general del vuelo figuraba a nombre de Proflite LLC, una compañía distinta a la autorizada inicialmente.
El documento señala además que ninguna de las dos empresas registraba ingreso en el sistema SUMA de la Aduana Nacional, situación que motivó cuestionamientos sobre los controles aplicados durante la operación aérea.
Ante esta situación, Pacheco solicitó que la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa investigue la actuación de la DGAC y determine quiénes gestionaron y aprobaron los permisos correspondientes.
“El permiso fue emitido para una empresa, pero el vuelo operó bajo otra razón social. Debe establecerse por qué esta discrepancia no impidió la operación, quiénes son los beneficiarios finales de ambas compañías y si se trata de una falla de control o de un mecanismo destinado a ocultar la titularidad real de la operación”, sostuvo el legislador.
Otro elemento revelado por la investigación corresponde a una alerta emitida el mismo día del vuelo. Según el informe, a las 13:27 del 29 de noviembre de 2025, el oficial de enlace de la Policía Federal de Brasil, Fernando Augusto Battaus, comunicó al teniente Marvin Manzaneda, de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), que la aeronave transportaba maletas con dinero presuntamente destinado al pago de droga, sobre la base de información proporcionada por la agencia estadounidense Homeland Security Investigations (HSI).
Pese a esa advertencia, hasta ahora no se conoce que se hubieran ejecutado acciones inmediatas de control o verificación por parte de las autoridades bolivianas.
La controversia se hizo pública el 22 de enero de este año, cuando se denunció que la exdiputada Laura Rojas habría utilizado un pasaporte diplomático anulado para retirar el equipaje. A partir de entonces, distintas instituciones iniciaron investigaciones sobre el caso.
Asimismo, la Aduana Nacional confirmó que el número de maletas ingresadas fue de 31 y no 32, como se informó inicialmente. Según el formulario 189 registrado por el representante del vuelo chárter, Bruno Sánchez, el equipaje estaba consignado a nombre de Gabriel Giuliano Leoni, Laura Rojas Ayala, Rafaela Galvarro Rojas y Valentina Galvarro Rojas.
Mientras avanzan las investigaciones, persisten preguntas clave sobre el contenido de las maletas, el destino final del equipaje y las responsabilidades administrativas o penales que pudieran derivarse de este caso.
