La Defensoría del Pueblo solicitó al Viceministerio de Asuntos Consulares informar cuántos ciudadanos bolivianos se encuentran presuntamente reclutados para participar en conflictos bélicos en el exterior y activar mecanismos de asistencia humanitaria, retorno y contacto con sus familiares.
El defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, señaló que actualmente no existe una cifra oficial sobre la cantidad de connacionales involucrados en estos casos, por lo que se requirió información a la instancia competente.
“No tenemos datos. Justamente hemos pedido al Viceministerio de Asuntos Consulares para que, como instancia competente, pueda determinar a través de los consulados esta situación”, afirmó la autoridad.
Callisaya explicó que el objetivo de la gestión es identificar cuántos bolivianos se encuentran en esta condición, promover acciones humanitarias y facilitar su retorno al país cuando corresponda. Asimismo, indicó que se busca establecer contacto con las familias para brindarles información sobre la situación de sus seres queridos.
La autoridad recordó que todos los ciudadanos bolivianos, independientemente de que se encuentren dentro o fuera del territorio nacional, tienen derecho a la protección y asistencia consular del Estado.
En ese marco, informó que la Defensoría del Pueblo realiza acciones de incidencia ante el Gobierno y mantiene coordinación con los familiares de las personas presuntamente afectadas por estos hechos.
La solicitud surge en medio de las investigaciones abiertas por el presunto reclutamiento de ciudadanos bolivianos para participar en conflictos bélicos en Rusia. La Fiscalía informó que actualmente existen tres investigaciones en el departamento de Santa Cruz por los delitos de trata y tráfico de personas con fines de reclutamiento.
Además, el Ministerio Público reportó que uno de los principales sospechosos de integrar la red de captación permanece prófugo, mientras continúan las pesquisas para determinar la magnitud de los hechos y la cantidad de víctimas involucradas.
Las autoridades buscan establecer si ciudadanos bolivianos fueron captados mediante ofertas laborales engañosas y posteriormente trasladados al exterior para ser incorporados a actividades vinculadas a conflictos armados.
