La empresa estatal Mi Teleférico informó que puso en marcha cuatro acciones administrativas y penales para investigar presuntos hechos de corrupción que habrían ocurrido entre las gestiones 2021 y 2025, con posibles afectaciones a los recursos públicos y al funcionamiento institucional.
Entre las medidas adoptadas se encuentra una denuncia penal por el presunto delito de peculado contra ocho trabajadores de la empresa, quienes, según una investigación preliminar, se habrían beneficiado indebidamente de facturas destinadas a los usuarios del servicio entre enero de 2023 y noviembre de 2025.
De acuerdo con los indicios recopilados, los funcionarios habrían utilizado esas facturas para obtener reintegros del Impuesto al Valor Agregado (IVA) de manera irregular, generando un beneficio económico indebido.
Asimismo, la empresa presentó una segunda denuncia penal por el presunto delito de cohecho pasivo contra un trabajador acusado de recibir pagos irregulares a cambio de alterar o eliminar sanciones y amonestaciones disciplinarias dentro de la institución.
En el ámbito administrativo, Mi Teleférico inició una investigación sobre un posible daño económico al Estado relacionado con el presunto nombramiento irregular de 11 funcionarios durante el período 2021-2023. Según la denuncia, estas personas habrían accedido a cargos públicos sin cumplir los requisitos establecidos por la normativa vigente.
De igual manera, la empresa solicitó la realización de una auditoría especial para revisar el funcionamiento del sistema de billetaje y determinar si existieron irregularidades vinculadas a la recaudación por la venta de pasajes.
El objetivo de esta auditoría es verificar la posible existencia de desvíos de recursos o mecanismos de recaudación paralela relacionados con la comercialización de boletos en las diferentes líneas del sistema de transporte por cable.
El gerente ejecutivo de Mi Teleférico, Christian Eduardo Rojas, aseguró que la empresa mantendrá una política de transparencia y tolerancia cero frente a cualquier indicio de corrupción.
“Nuestra responsabilidad es proteger los recursos del Estado y garantizar una administración transparente. Ningún indicio de irregularidad quedará sin investigación y, cuando corresponda, acudiremos a las instancias competentes para que se determinen las responsabilidades que establece la ley”, afirmó.
La autoridad también ratificó que la empresa continuará fortaleciendo los mecanismos de prevención, control interno y fiscalización, además de colaborar plenamente con las instancias encargadas de las investigaciones para esclarecer los hechos denunciados.
Con estas acciones, Mi Teleférico busca determinar posibles responsabilidades administrativas y penales, así como garantizar el adecuado resguardo de los recursos públicos y la transparencia en la gestión de una de las principales empresas estatales de transporte del país.
