El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, denunció este miércoles la existencia de presuntas irregularidades en la entrega de bonos sociales durante anteriores gestiones gubernamentales y afirmó que se identificaron casos de beneficiarios inexistentes, cobros duplicados y registros con inconsistencias.
La autoridad realizó estas declaraciones ante la Cámara de Diputados durante el tratamiento de un crédito otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), destinado a fortalecer programas de protección social.
“Había mucho espacio a la corrupción. Nosotros hemos ido identificando en estos últimos meses una gran cantidad de registros de poblaciones que recibían uno u otro bono que en realidad no existían. O cobros dobles. Papás que son tutores de 40, 50 o hasta 67 niños”, afirmó Espinoza.
Registro Social de Hogares
Como parte de las medidas para mejorar el control y la focalización de los beneficios sociales, el ministro explicó que el financiamiento contempla una inversión de 12,5 millones de dólares para la creación del Registro Social de Hogares.
Según detalló, esta herramienta permitirá identificar con mayor precisión a la población en situación de vulnerabilidad y mejorar la asignación de recursos destinados a programas de apoyo estatal.
Espinoza aclaró que el nuevo registro no sustituirá al Censo Nacional de Población y Vivienda, debido a que este último no recopila información específica relacionada con ingresos económicos, niveles de vulnerabilidad o condiciones sociales de los hogares.
Digitalización y control de pagos
La autoridad también descartó versiones que apuntan a una eventual eliminación de la Renta Dignidad u otros beneficios sociales.
Por el contrario, señaló que el propósito de la iniciativa es fortalecer los mecanismos de transparencia mediante la bancarización y digitalización de los pagos, reduciendo así el riesgo de fraudes y asegurando que los recursos lleguen a quienes realmente los necesitan.
“Lo que se busca es contar con herramientas que permitan una mejor identificación de los beneficiarios y evitar irregularidades en la distribución de los recursos”, sostuvo.
Destino del crédito del BID
Durante su intervención, Espinoza defendió la aprobación del crédito y explicó que la mayor parte de los recursos será destinada al financiamiento de la Renta Dignidad.
Precisó que 485 millones de dólares se utilizarán exclusivamente para complementar el pago de este beneficio, mientras que 12,5 millones de dólares financiarán la implementación del Registro Social de Hogares.
Según el ministro, ambas medidas forman parte de una estrategia orientada a fortalecer la protección social y mejorar los mecanismos de control y transparencia en la entrega de ayudas estatales.
Críticas a anteriores gestiones
En el debate legislativo, Espinoza también cuestionó los resultados de las políticas económicas aplicadas durante las últimas dos décadas y sostuvo que los elevados ingresos generados en ese período no lograron reducir de manera significativa los niveles de pobreza.
“Los últimos 20 años después de 60.000 millones de dólares de rentas, después de más de 40.000 millones de dólares de deuda externa e interna, lo que nos han dejado es un país con la mitad de la población pobre. Ese es el tamaño de la mentira que nos han dejado”, manifestó.
Las declaraciones surgieron en respuesta a observaciones planteadas por la diputada Claudia Herbas, de Alianza Popular, durante la discusión del financiamiento internacional en la Cámara de Diputados.
