La Paz, 25 de julio de 2026.- Durante la segunda jornada de la Cumbre Nacional de Minería, los representantes de las cooperativas auríferas plantearon la creación de una ley especial del oro, la aplicación de un impuesto único a la comercialización del metal y una redistribución del 50% de esos recursos para los municipios productores, además de rechazar lo que calificaron como una “criminalización” de la minería ilegal.
Las propuestas fueron expuestas en la mesa temática denominada “Comercialización, trazabilidad y minería ilegal”, donde participaron representantes de la Federación Regional de Cooperativas Mineras Auríferas (Ferreco) y la Federación de Cooperativas Mineras Auríferas del Norte de La Paz (Fecoman).
En el debate, el sector cooperativista aurífero concentró sus planteamientos en la necesidad de modificar el actual sistema de comercialización del oro y establecer nuevas reglas para la actividad minera, mientras que representantes de empresas privadas mineras plantearon reducir la burocracia y unificar la información estatal en una sola base de datos administrada por el Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercialización de Minerales y Metales (Senarecom).
Propuesta de impuesto único al oro
Uno de los principales planteamientos de las cooperativas fue la creación de un impuesto único para la venta del oro, con una tasa que estaría entre el 4% y 4,8% sobre el valor bruto de comercialización del mineral, incluyendo la regalía minera.
Los dirigentes argumentaron que este mecanismo permitiría simplificar las obligaciones tributarias y mejorar la fiscalización sobre la producción aurífera.
Durante el debate surgieron cuestionamientos relacionados con el caso de los casi 190 kilogramos de oro retenidos en el aeropuerto de Viru Viru, cargamento que presuntamente intentaba ser exportado de manera irregular hacia Emiratos Árabes Unidos.
“Hubo desconocimiento de la salida de casi 200 kilos de oro por contrabando por el aeropuerto de Viru Viru. ¿Qué ha pasado?”, fue una de las interrogantes planteadas por los representantes del sector.
Ante esta situación, los cooperativistas propusieron crear un mecanismo de fiscalización con participación de los actores productivos y los gobiernos subnacionales, bajo el argumento de que las instituciones estatales no tienen presencia permanente en todas las zonas donde existe explotación aurífera.
50% para municipios productores y 50% para gobernaciones
Otro de los pedidos planteados fue que los recursos provenientes del impuesto único al oro sean distribuidos bajo una fórmula del 50/50: la mitad para los municipios productores y la otra mitad para las gobernaciones.
Los representantes del sector señalaron que los cooperativistas también forman parte de las comunidades donde se desarrolla la actividad minera y que los gobiernos locales deberían recibir mayores beneficios económicos.
Sin embargo, desde la Gobernación de La Paz se observó que una distribución porcentual no puede definirse sin un análisis previo, debido a que las administraciones departamentales también realizan inversiones en infraestructura y servicios en las regiones productoras.
La entidad recordó que los departamentos destinan recursos a la construcción de caminos, puentes, hospitales y otras obras que benefician directamente a las zonas mineras.
Proyecto de Ley Especial del Oro
Durante la jornada también surgió la propuesta de aprobar una Ley Especial del Oro, bajo el argumento de que este mineral tiene características particulares frente a otros recursos mineros.
Los cooperativistas señalaron que el oro cumple funciones económicas especiales al ser utilizado como reserva de valor y mecanismo de respaldo frente a escenarios de crisis.
“Se está presentando un proyecto de ley del oro. Ferreco está abarcando las expresiones del sector. No quisiéramos ser sorprendidos”, manifestó uno de los representantes auríferos durante la mesa de trabajo.
Además, plantearon la necesidad de permitir sociedades entre cooperativas y empresas privadas nacionales o extranjeras para atraer inversión, incorporar tecnología y mejorar los procesos productivos.
Debate sobre minería ilegal y empresas extranjeras
Durante la discusión, varios dirigentes rechazaron lo que denominaron una “criminalización” de la minería ilegal y defendieron la necesidad de diferenciar entre actividades irregulares y la minería cooperativista formal.
Asimismo, surgieron denuncias sobre la presencia de empresas extranjeras que operarían junto a cooperativas sin una adecuada declaración de producción y comercialización.
El gerente de la Empresa Minera Corocoro, Wálter Lague, cuestionó esta situación y afirmó que existen operadores extranjeros trabajando de manera irregular en algunas regiones.
“Tenemos empresas extranjeras en la región, haciendo trabajos con las cooperativas de manera irregular, de manera ilegal, de manera oculta”, denunció.
También cuestionó el papel de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) y afirmó que existen dificultades en la fiscalización de estas actividades.
Defensa de beneficios y oro marginal
Durante la mesa temática, los representantes auríferos dejaron en claro que no están dispuestos a perder beneficios obtenidos durante los últimos años y defendieron lo que denominaron “grandes conquistas” del sector.
Entre ellas mencionaron la normativa relacionada con la comercialización de oro marginal, que establece límites de producción para acceder a condiciones diferenciadas en el pago de regalías.
Según la regulación vigente, una cooperativa puede declarar producción marginal cuando no supera los 20 kilogramos de oro mensuales, mientras que la minería pequeña tiene un límite de 10 kilogramos y los operadores individuales hasta 2 kilogramos.
Expertos cuestionaron esta figura al señalar que una excepción habría terminado convirtiéndose en una práctica generalizada, permitiendo que operadores con grandes volúmenes de producción declaren como marginal una parte de sus exportaciones.
La Cumbre Nacional de Minería continúa con seis mesas de trabajo que abordan seguridad jurídica, contratos mineros, institucionalidad del sector, medioambiente, comercialización y trazabilidad, además de desarrollo productivo, inversiones e incentivos.
Las conclusiones de estos debates serán incorporadas en un documento final que será presentado al cierre del encuentro nacional.
