Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), en coordinación con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y la Policía Forestal y de Protección al Medio Ambiente (POFOMA), ejecutó durante la presente semana operativos de control en estaciones de servicio de la ciudad de Oruro para prevenir carguíos repetitivos de combustibles y fortalecer las acciones destinadas a garantizar el abastecimiento de diésel oil y gasolina especial plus para la población.
Como resultado de los controles, se identificaron 40 vehículos que incumplían la normativa del sistema B-SISA al realizar carguíos repetitivos de combustible. Asimismo, se detectaron 7 vehículos con tarjetas B-SISA falsificadas, que no fueron emitidas por la ANH y fueron decomisadas, además de 20 placas presuntamente clonadas, informó el Distrital Comercial de YPFB Oruro, Sergio Cossío Bellido.
A raíz de estas irregularidades, los vehículos observados fueron sancionados conforme a la normativa vigente y quedaron temporalmente inhabilitados para efectuar nuevas cargas de combustible, hasta regularizar su situación administrativa y presentar la documentación de respaldo correspondiente.
“El trabajo desarrollado de manera conjunta con la ANH está plenamente documentado mediante reportes técnicos y respaldado con registros fotográficos, lo que garantiza la transparencia y la legalidad de cada uno de los operativos realizados”, señaló el Distrital Comercial de YPFB Oruro.
Cossío destacó que estas acciones tienen el propósito de resguardar el abastecimiento de combustibles para la población y evitar que personas intenten evadir los mecanismos de control establecidos por el sistema B-SISA.
“Nuestro objetivo es que el combustible llegue a quienes realmente lo necesitan. Por ello, continuaremos realizando controles permanentes para evitar carguíos repetitivos y otras prácticas que vulneren la normativa vigente”, manifestó.
YPFB ratificó su compromiso de continuar el trabajo coordinado con la ANH para fortalecer los mecanismos de fiscalización, optimizar la atención a los usuarios y prevenir el desvío de combustibles hacia actividades irregulares o el mercado negro, garantizando un suministro seguro, transparente y oportuno para la población boliviana.
