La comisión especial de investigación conformada por la Asamblea Legislativa para indagar la calidad de la gasolina comercializada en el país concluyó que la presunta causa principal del problema fue la ausencia de controles de calidad durante el proceso de importación y distribución de combustibles.
De acuerdo con el informe final presentado este viernes, la investigación preliminar establece que la comercialización de gasolina observada se produjo por una “ausencia total de control de calidad”, situación que habría permitido el ingreso y la venta de carburantes sin la verificación técnica correspondiente.
El documento identifica como posibles responsables al expresidente Luis Arce, a los exministros de Hidrocarburos Alejandro Gallardo y Mauricio Medinaceli, además del presidente de YPFB, Armin Dorgathen, por decisiones y disposiciones que, según la comisión, habrían facilitado la importación de combustibles sin los controles necesarios. También menciona al exviceministro Yussef Akly.
Observaciones a certificados de calidad
Entre los principales hallazgos, el informe señala que la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) informó que YPFB comercializó combustibles antes de contar con la verificación completa de los certificados de calidad, debido a que dichos documentos eran remitidos hasta el décimo día del mes siguiente a la importación.
Asimismo, la ANH observó certificados de calidad correspondientes a cargamentos de diésel y gasolina base importados entre octubre y diciembre de 2025. Según el reporte, estos documentos no incluían información sobre parámetros relevantes como punto de escurrimiento, residuo carbonoso, agua y sedimentos, contenido de plomo, gomas, olefinas, manganeso y oxígeno.
La entidad también informó que, tras denuncias públicas, realizó inspecciones que evidenciaron una diferencia entre los análisis básicos y los análisis completos de laboratorio.
Mientras las pruebas iniciales mostraban cumplimiento de las especificaciones técnicas, los estudios integrales detectaron niveles de gomas superiores a los límites permitidos, una situación que posteriormente habría sido corroborada por el Viceministerio de Industrialización y Comercialización de Hidrocarburos en muestras tomadas en Santa Cruz, La Paz y Trinidad.
Posible daño económico
Por otra parte, el diputado de Comunidad Ciudadana Carlos Alarcón, integrante de la comisión investigadora, indicó que también se identificaron variaciones en los montos correspondientes al concepto denominado “premio” dentro de contratos suscritos entre YPFB y empresas transnacionales proveedoras de combustibles.
Según el legislador, estas fluctuaciones podrían constituir indicios de un posible daño económico al Estado y dar lugar a investigaciones por presuntos hechos de corrupción.
El informe será remitido a las instancias competentes para la evaluación de posibles responsabilidades administrativas, civiles o penales derivadas de los hallazgos identificados por la comisión especial.
