Dos jueces de Tupiza y Yacuiba fueron denunciados ante instancias de control judicial por presuntas irregularidades en la administración de justicia. Los denunciantes cuestionan decisiones y actuaciones procesales que, según afirman, habrían vulnerado el debido proceso y afectado el derecho a la defensa de las partes involucradas.
Aunque corresponden a materias jurídicas diferentes, ambos casos tienen como elemento común la denuncia de una supuesta aplicación arbitraria de normas y procedimientos judiciales.
Cuestionamientos a juzgado de Tupiza por proceso de calumnia y difamación
En Tupiza, el reclamo está relacionado con el expediente NUREJ 50173219, iniciado a partir de una querella por los presuntos delitos de calumnia y difamación.
Según la parte afectada, el proceso se habría desarrollado sobre una denuncia que no fue admitida formalmente. Pese a esa situación, la autoridad judicial habría convocado a 16 audiencias, medida que los denunciantes consideran desproporcionada y orientada a presionar para alcanzar una conciliación.
La parte querellada también señaló que, luego de presentar una objeción, el juzgado concedió un plazo para la subsanación correspondiente; sin embargo, aseguran que transcurrieron cinco meses sin que se emita una resolución definitiva mediante un auto interlocutorio debidamente fundamentado.
El conflicto se profundizó el 7 de mayo, cuando se instaló una nueva audiencia de conciliación a la que no asistieron el querellante ni su abogado. Según los afectados, en esa situación correspondía aplicar el artículo 381 del Código de Procedimiento Penal, que establece medidas ante el abandono de la querella.
No obstante, el juzgado habría fijado audiencia de juicio oral para el 23 de julio, sin notificación personal a los acusados y sin resolver previamente la objeción pendiente.
Los querellados informaron que presentaron un memorial solicitando la extinción del proceso por abandono y anunciaron que acudirán ante el Consejo de la Magistratura para que se investigue el accionar del juzgado.
Denuncia contra juez de Familia en Yacuiba por proceso de unión libre
El segundo caso corresponde a Yacuiba, donde el juez del Juzgado Público de Familia Segundo, Mario Villca Zambrana, enfrenta un cuestionamiento ante el Consejo de la Magistratura por el proceso de reconocimiento de unión libre NUREJ 60171283.
La demanda fue promovida por la pareja de un militar fallecido, identificada con las iniciales R.R.V., quien señaló que los hijos del fallecido residían en el extranjero, motivo por el cual el juzgado ordenó su citación mediante edictos de prensa.
Los herederos del fallecido sostienen que el juez habría omitido solicitar previamente informes de domicilio al Servicio de Registro Cívico (SERECÍ) y al Servicio General de Identificación Personal (SEGIP), procedimientos que consideran necesarios para establecer el paradero real de los demandados.
Según su denuncia, esta omisión habría impedido que los hijos del fallecido, quienes en realidad radicarían en Bolivia, conocieran el proceso y pudieran ejercer su derecho a la defensa.
El trámite concluyó el 23 de marzo de 2026 con la declaración de ejecutoria de la unión libre, decisión que permitió a la demandante acceder a beneficios sociales del fallecido.
Tras conocer la resolución, los herederos presentaron un incidente de nulidad de obrados, pero este fue rechazado por el juez. Actualmente, el caso se encuentra en etapa de apelación ante la Sala Segunda Civil.
Los denunciantes de ambos procesos señalaron que buscan que las instancias de fiscalización del Órgano Judicial determinen si existieron faltas gravísimas o delitos en el ejercicio de la función jurisdiccional y, de corresponder, se establezcan las sanciones respectivas.
