El Gobierno nacional y las gobernaciones alcanzaron un primer consenso en el marco del diálogo sobre la propuesta de redistribución de recursos y competencias denominada 50/50. El acuerdo establece que los gobiernos departamentales dejarán de financiar el bono de vacunación para el personal de salud y los prediarios destinados a la alimentación de las personas privadas de libertad.
La decisión surge de las mesas técnicas instaladas el martes en Sucre entre representantes de siete gobernaciones, el Viceministerio de Autonomías y el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, como parte de la construcción de una hoja de ruta para implementar el modelo 50/50.
El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, explicó que durante anteriores gestiones las gobernaciones fueron obligadas a asumir gastos que no correspondían a sus competencias.
“Se ha obligado a las gobernaciones a llevar adelante gastos con sus propios recursos sin darle la posibilidad de que estas gobernaciones puedan destinarlos a donde quisieran hacerlo. Es el caso de la obligación de las gobernaciones de pagar, por ejemplo, el bono de vacunación o los prediarios”, afirmó.
La autoridad sostuvo que estas imposiciones vulneran la autonomía departamental y aseguró que el Gobierno del presidente Rodrigo Paz impulsará una norma para eliminar esas obligaciones.
“Esta imposición que hubo del nivel central a las regiones es un acto violatorio de la autonomía”, manifestó Espinoza.
El bono de vacunación, también denominado viático de vacunación, se paga al personal de salud desde 2012 y su monto fue actualizado hasta Bs 4.329 mediante el Decreto Supremo 4745 de 2022.
En el caso de los prediarios, la asignación asciende a Bs 8 por día para la alimentación de cada persona privada de libertad. De acuerdo con un informe de la Defensoría del Pueblo, a julio de 2025 la población penitenciaria del país alcanzaba las 33.058 personas.
El proyecto de ley que elimina estas obligaciones también establece que el costo de los títulos de bachiller gratuitos será asumido por el Ministerio de Educación y dejará de recaer sobre las gobernaciones.
Según el Ministerio de Educación, en 2023 un total de 210.726 estudiantes de los sistemas de educación regular, alternativa y especial recibieron su título de bachiller.
La iniciativa legislativa ya fue aprobada en una primera instancia y actualmente se encuentra en la Cámara de Diputados para continuar su tratamiento. Una vez sancionada, será remitida al Órgano Ejecutivo para su promulgación.
Espinoza añadió que el Gobierno y las gobernaciones continuarán revisando otras obligaciones económicas que actualmente asumen las regiones, con el objetivo de redefinir competencias y avanzar de manera gradual en la implementación del modelo 50/50.
“Hay un acuerdo y un consenso respecto a que estas condicionalidades de gasto no pueden seguir adelante y en eso el Gobierno está avanzando para que se vayan levantando paulatinamente”, concluyó el ministro.
