El proyecto de Ley de Inversiones, remitido este martes por el Órgano Ejecutivo a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), genera posiciones divididas entre las diferentes fuerzas políticas. Mientras el oficialismo considera que la norma es necesaria para atraer capital y generar empleo, desde Libre anuncian que la rechazarán si antes no se modifica la Constitución Política del Estado (CPE).
El diputado Alejandro Reyes, de Unidad y cercano al oficialismo, calificó la propuesta como una norma fundamental para impulsar una reforma estructural y pidió a las diferentes fuerzas políticas alcanzar acuerdos para su aprobación.
“Es una ley fundamental de una reforma estructural y necesitamos llegar al acuerdo y consenso (en la Asamblea). Hay que apelar a la responsabilidad de los parlamentarios y líderes políticos y fuerzas políticas, porque Bolivia debe avanzar. Necesitamos inversión porque sin eso no vamos a generar empleo y dar certeza sobre las divisas”, afirmó.
Reyes señaló que el proyecto todavía está siendo analizado por los legisladores y consideró que debe ser revisado punto por punto. A su criterio, al tratarse de una propuesta que fue planteada por diferentes frentes políticos, no debería generar mayores discrepancias.
Libre condiciona su apoyo a una reforma constitucional
La bancada de Libre asumió una posición contraria al proyecto y anunció que rechazará la norma debido a que, según sus legisladores, algunas de sus disposiciones contradicen la Constitución.
El senador José Manuel Ormachea cuestionó principalmente la posibilidad de recurrir a arbitrajes internacionales para resolver controversias relacionadas con inversiones.
“La posición oficial de Libre sobre la Ley de Inversiones es que va explícitamente en contra de la Constitución porque la Constitución prohíbe que haya arbitrajes internacionales en cuestión de este país para resolución de controversias”, afirmó.
Ormachea sostuvo que, aunque su bancada está de acuerdo con abrir la posibilidad de arbitrajes internacionales para atraer inversiones, considera que primero debe modificarse la CPE.
“Nosotros no vamos a ir contra la Constitución, por más que estemos de acuerdo con que se aperture los arbitrajes, pero para eso se necesita cambiar la Constitución”, remarcó.
El senador también cuestionó la creación de la Agencia Nacional de Inversiones (ANI), al considerar que podría generar una mayor estructura burocrática y centralización de decisiones.
“La ley propone una Agencia Nacional de Inversiones que sería más centralismo, más funcionarios, más presupuesto, más estatismo”, sostuvo, y expresó su preocupación porque una entidad estatal determine qué inversiones pueden ingresar al país.
APB-Súmate respalda la apertura, pero cuestiona la ANI
Desde APB-Súmate, la senadora Claudia Mallón señaló que inicialmente existe una valoración positiva del proyecto, principalmente por la intención de establecer reglas claras para atraer inversión nacional y extranjera.
“Nos parece buena señal la apertura a la inversión nacional y extranjera con reglas claras”, afirmó.
Sin embargo, también expresó reparos respecto a la creación de la Agencia Nacional de Inversiones, especialmente en un contexto en el que el Gobierno plantea medidas de austeridad y reducción del gasto público.
Mallón advirtió que la nueva entidad no debería convertirse en una estructura burocrática adicional ni generar una sobrerregulación que termine dificultando las inversiones.
De esta manera, el proyecto de Ley de Inversiones inicia su tratamiento en la Asamblea Legislativa en medio de diferencias sobre los arbitrajes internacionales, la creación de la ANI y la necesidad de una eventual reforma constitucional, mientras el oficialismo apuesta por alcanzar consensos para acelerar su aprobación.
