La compra de un vehículo eléctrico Audi Q4 E-Tron, modelo 2025, por parte del ministro de Economía, José Luis Espinoza, generó una diferencia de Bs 3.523 en el Impuesto Municipal a la Transferencia (IMT), debido a que en la minuta notarial se declaró un valor de Bs 50.000, pese a que el precio real de la operación habría sido de Bs 350.000.
De acuerdo con un informe sobre el régimen tributario aplicable a la transferencia de vehículos eléctricos, el vendedor fue Nicolás Mitru Aguilar y el comprador figura como José Gabriel Espinoza Yáñez. El documento establece que el precio efectivamente pagado por el vehículo fue de Bs 350.000, mientras que el valor de referencia registrado por RUAT-Aduanas alcanzaba a Bs 232.571.
Sin embargo, en la Minuta N.º 1709891, del 28 de abril de 2026, se consignó un precio de apenas Bs 50.000.
Ante esta diferencia, el sistema del RUAT aplicó automáticamente el valor más alto entre el declarado en la minuta y el valor aduanero de referencia. De esa manera, tomó como base imponible los Bs 232.571 y aplicó el 3% correspondiente al impuesto, dando como resultado un pago de Bs 6.977.
No obstante, el informe señala que, si se considera el precio real de Bs 350.000, el impuesto que correspondía pagar a la Alcaldía de La Paz era de Bs 10.500, por lo que quedó una diferencia de Bs 3.523 que no ingresó a las arcas municipales.
El documento aclara que el ministro realizó el pago del impuesto un día después de la compra, dentro del plazo establecido, por lo que no se generaron multas, intereses ni tributos omitidos en UFV en el trámite registrado.
El informe también analiza las posibles consecuencias tributarias de haber declarado un monto inferior al precio real. Señala que la conducta podría ser considerada omisión de pago, sancionable con el 100% del tributo omitido actualizado en UFV, además de intereses y una multa por incumplimiento de deberes formales.
Sin embargo, precisa que para que la conducta sea considerada defraudación tributaria como delito penal, el tributo omitido debe superar las 10.000 UFV. Tomando como referencia una UFV de aproximadamente Bs 2,69, ese límite equivaldría a unos Bs 26.900.
Como el monto presuntamente omitido en este caso es de Bs 3.523, el informe concluye que, en principio, no se configura un delito penal, sino una posible contravención tributaria por omisión de pago.
Finalmente, el documento señala que, pese a que el trámite del vehículo figura como concluido y la placa ya fue asignada, la Alcaldía de La Paz tiene la facultad de revisar posteriormente la operación, dentro de los plazos establecidos por la normativa tributaria municipal.
